Antonio R. Naranjo.- Begoña Gómez firmó personalmente dos facturas cargadas a la Universidad Complutense, por un importe superior a los 40.000 euros, para desarrollar una herramienta tecnológica de atención a las pymes que en total tuvo un coste de más de 250.000 euros y de la que, a continuación, se apropió al crear una empresa privada con el mismo nombre y objeto que la cátedra teóricamente propietaria de ese patrimonio.

Así consta en la documentación oficial obtenida por El Debate, en la que aparece la firma electrónica de la mujer de Pedro Sánchez, investigada por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Se trata de dos facturas imputadas a la Universidad Complutense, por un importe total de 42.348,79 euros, abonadas con dinero público.

No es el único desembolso que costeó la creación de una solución tecnológica en principio destinada a la Cátedra de Transformación Social Competitiva que, al final, se convirtió en una herramienta «privatizada» por Gómez para desarrollar una empresa propia creada por ella misma para ofrecer servicios comerciales.

En total, la esposa del líder socialista dedicó a este asunto otros 60.000 euros desembolsados por la Universidad Complutense, sin necesidad aparente de que ella misma rubricara las facturas, aunque sí firmó los pliegos con las prescripciones técnicas, y alrededor de 150.000 euros aportados en especie por tres compañías privadas de primera línea a las que accedió, sin duda, gracias a su condición de esposa del jefe del Ejecutivo: Indra, a través de su filial Misait, Google y Telefónica.

No se conoce otro caso en el que multinacionales de ese calibre se reunieran con la responsable de una modesta cátedra y, además, se aviniesen a colaborar desinteresadamente de esta manera.

Gómez firmó y pagó facturas a cargo de la Universidad mientras el rector decía desconocerlo todo del funcionamiento de la cátedra

Además, Gómez creó una compañía con el mismo nombre que la plataforma de servicios para pequeñas empresas, Transforma TSC, y todo ello sin ningún tipo de control de la Universidad Complutense, que pese a abonar las facturas, asumir los pliegos de contratación ideados por la «catedrática» o ser receptora legal de los «donativos» de terceros dijo desconocer los costes de todo, aunque confirma por escrito, en otro documento al que ha accedido El Debate, que no posee «documentación realizada y entregada por D. M. ª Begoña Gómez Fernández por su participación en dichas actividades».

La plataforma tecnológica sufragada con recursos públicos e inspiradora de la empresa de Begoña Gómez se parece mucho, además, a la que desarrolla la compañía de uno de los socios de su «cátedra», Carlos Barrabés, bajo el nombre «Attitude academy», que se presenta con palabras similares a las empleadas por la esposa del presidente para la suya: «Somos la plataforma líder de apoyo a pymes y autónomos en su proceso de transformación».

Barrabés, a quien el juez Peinado tomará declaración el próximo 16 de junio en el hospital 12 de Octubre, donde se encuentra ingresado aquejado de una grave enfermedad, fue promocionado en persona por Pedro Sánchez en un acto oficial en enero de 2021.

Para cerrar el círculo de «transformación» de una cátedra pública en un potencial negocio privado, Begoña Gómez incorporó a la misma a otro empresario patrocinador: José María Torres aportó 6.000 euros a la pareja de Sánchez desde la firma Numintec.

Y a continuación se puso al frente de Conpymes, una pequeña patronal potenciada por el Gobierno, mediante un decreto que avala la posibilidad de que organizaciones como ella le disputen la representación del sector a la CEOE y a Cepyme, muy enfrentadas al Ejecutivo.

El «invento» de Begoña

Transforma TSC es el nombre del proyecto desarrollado por la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que dirige la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un proyecto para desarrollar una plataforma de medición del impacto para pymes, según consta en la documentación en propiedad de El Debate en la que se informaba de las actividades realizadas en el marco de la Cátedra Extraordinaria Transformación Social Competitiva y que coincide, además, con la denominación de la empresa que ella ha registrado a su nombre. Pero, además, la UCM ha desembolsado, al menos, 42.348,79 euros, gracias a dos facturas rubricadas por la propia esposa del presidente, pese a que la entidad asegura que no le consta que Gómez haya presentado documentación referente a su participación en dichas actividades.

La primera de ellas, correspondiente al contrato para el «servicio de consultoría y asesoramiento para la puesta en marcha de una plataforma de gestión y medición de impacto para pymes», por el que se facturó 18.148,79€, fue a parar a Deloitte Consulting, mientras que la correspondiente a los servicios de desarrollo de la plataforma de impacto social, por el que se facturó 24.200 € fue encargado a Making Science Group S.A.

Ambas facturas tienen la firma electrónica de Begoña Gómez, a fecha de 5 de junio de 2023 y adjuntan un certificado de conformidad en el que aseguran que se trata de un «gasto imputable a un proyecto de investigación, se declara que el mismo está relacionado directamente con la investigación desarrollada en el proyecto identificado con el código que figura en el Órgano Proponente de los códigos DIR3».

El montante de estas facturas se sumaría al desembolso en especie realizado por las grandes compañías que, según adelantó El Confidencial, participaron en el proyecto. Indra, a través de su filial Minsait, Google y Telefónica colaboraron de forma altruista en el desarrollo de la herramienta gracias a convenios de colaboración, pero sí que supuso un desembolso para ellos de alrededor de 150.000 euros.

Sin embargo, pese a que Begoña Gómez ha estampado su firma en ambas facturas, la Complutense asegura no disponer de «documentación realizada y entregada por D. M. ª Begoña Gómez Fernández por su participación en dichas actividades».

Una respuesta extraña. Resulta incongruente que mientras su nombre aparece dando la conformidad en los pagos, haciéndose cargo de las cuestiones económicas del desarrollo del proyecto, a la UCM no le conste ningún informe, ni documentación realizada y entregada por Begoña Gómez al respecto de estos dos contratos, lo que genera serias dudas acerca del control de la Cátedra por parte de la universidad.

Estas dudas crecen aún más si se tienen en cuenta las palabras del rector Joaquín Goyache, desveladas por El Mundo, donde afirmaba que «ese software no se hizo con dinero de la Universidad Complutense, se hizo con el dinero de la cátedra que tuviera que pagar el que sea, que yo no lo sé ni me importa».

Es más, mientras la UCM sostiene tales afirmaciones, el Portal de Contratación del Estado contiene una licitación pública realizada por el propio Rectorado de la UCM para el «servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa», en la que la propia Gómez firma los pliegos técnicos de la contratación, desgranando cada una de las tareas que tendría que llevar a cabo la empresa adjudicataria.

En este caso, el contrato, adjudicado por 60.500 euros, fue a para a Deloitte, formalizado en noviembre de 2023 y con un periodo de ejecución de 3 meses, y según los pliegos diseñados por la esposa del presidente serviría para crear una plataforma para «medir la contribución de las pymes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para determinar cómo las empresas españolas están transitando de un modelo sostenible que contribuya de forma positiva en las personas y en el planeta».

De esta forma, si se suman todas las partidas el coste de la plataforma desarrollada en el seno de la Cátedra ascendería, al menos, a 252.848,79 euros.

En definitiva, si se sigue la secuencia temporal de los hechos, todo apunta a que las tres grandes empresas colaboraron en los inicios del proyecto. De hecho, la propia Minsait reconoció su colaboración en la Cátedra explicando que su «desarrollo finalizó en el segundo semestre de 2022», por lo que fue entonces cuando te tuvo que recurrir a nuevas empresas y, esta vez sí, pagar por sus servicios. De hecho, las facturas desveladas ahora por este periódico son de mediados de 2023 y la licitación adjudicada a Deloitte de final de año.

Además, mientras se desarrollaba este proyecto en el seno de la UCM, Begoña Gómez registraba a su nombre la marca y el logotipo de Transforma TSC, que coincide con una web que tiene los mismos propósitos y objetivos que la desarrollada en su cátedra y en la que se asegura que «tanto la Universidad Complutense de Madrid como el resto de sus colaboradores llevan a cabo su gestión sin ningún ánimo de lucro», por lo que resulta complicado pensar que se trata de proyectos distintos.

Por todo ello, el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid, liderado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha registrado la apertura de una comisión de investigación para «esclarecer los favores» que el rector de la UCM hizo a Begoña Gómez.

La UCM oculta nombres

Por otra parte, la UCM, en virtud supuestamente de la normativa de protección de datos de carácter personal, se ha negado desvelar los alumnos que han formado parte de los cursos que se ofertan en la universidad bajo el paraguas de la cátedra.

En concreto, guarda bajo llave la relación de estudiantes del Máster de Formación Permanente en dirección de Fundraising público privado para organizaciones sin ánimo de lucro y del Máster de Transformación Social Competitiva.

Este silencio, que contrasta con los vídeos publicados en la propia web de la cátedra donde los alumnos exponen las bondades de los cursos, impiden saber si alguno de los alumnos forma parte de las empresas que se han visto envueltas en la investigación que lleva a cabo el juez Peinado, con el respaldo expreso de la Audiencia Provincial de Madrid, y en la que se le atribuye a Gómez la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios y otro de tráfico de influencias.

De hecho, cabe recordar que, tal y como recoge la cátedra en su presentación, hay «empresas que han confiado su formación en nosotros» y figuran algunas como Reale Seguros, Once, Correos o Fundación La Caixa. Son, en definitiva, empresas que ofrecen a sus trabajadores la posibilidad de ampliar su formación, previo pago, eso sí, a la institución universitaria de la matrícula de cada uno de sus alumnos, que supera los 7.000 euros.

Además, según ha desvelado El Mundo, la Cámara de Comercio de España, una corporación de derecho público tutelada por el Ministerio de Economía, colaboró para captar alumnos para el máster que dirige la esposa de Sánchez, recomendando a sus vocales y vocales colaboradores, entre los que se incluyen grandes empresas españolas, a inscribirse en el curso.

La incógnita en todo ello es conocer si la relación entre Gómez y estas empresas ha tenido alguna consecuencia económica más allá de las referentes a los cursos, teniendo en cuenta su posición y las decisiones que ha ido tomando Pedro Sánchez a lo largo de estos años.