Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán, durante el juicio del caso ERE

La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) de anular la condena por prevaricación a la exministra socialista Magdalena Álvarez por el “procedimiento específico” a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos abriría la puerta para la misma solución en el caso del delito de prevaricación atribuido a otros acusados en situación similar, como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Magdalena Álvarez, recordémoslo, fue condenada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, a cuenta de su papel como entonces consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Ahora, después de que el Tribunal Supremo desestimase su recurso de casación contra dicha condena de la Sección Primera de la Audiencia y avalase la misma; el Constitucional ha estimado en parte su recurso de amparo, anulando la condena inicial y ordenando a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia en la que revise la pena a esta exconsejera de Hacienda de Andalucía y exministra.

En concreto, el tribunal, aunque con el voto en contra de los cuatro magistrados del ala conservadora; ordena a la Audiencia que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.

Así las cosas, el tribunal ha estimado el recurso en lo referente a los hechos ocurridos entre 2002 y 2004, sobre la aprobación de proyectos y anteproyectos presupuestarios; no así con las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001.

En ese sentido, fuentes judiciales consultadas señalan que esta tesis implicaría además y por correlación, la anulación del delito de prevaricación con relación a la aprobación de proyectos y anteproyectos presupuestarios con respecto a otros de los condenados, como por ejemplo los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, el primero de ellos otrora consejero de Hacienda; ambos condenados por prevaricación y el primero de ellos además por malversación, extremo este último que le supuso la imposición de seis años y dos días de cárcel, pena actualmente suspendida por el cáncer de próstata que padece.

Mientras la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla parte de que los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves eran en cada uno de los casos “plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos” en los que participaron, el recurso de casación de Griñán, recordémoslo, sostenía por cierto que “todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento”, agregando que los hechos considerados como probados “no relatan que tales actuaciones contravengan ninguna norma, sino que dan curso a lo presupuestado por la Consejería de Empleo en un programa, el 31L.

Podría ser además el caso del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, ambos condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. Martínez Aguayo también fue condenada a seis años y dos días de prisión por malversación y tras ingresar en la cárcel, actualmente goza del tercero grado penitenciario.