Casi siempre, y sobra el casi, las respuestas se encuentran cuando hacemos las preguntas más sencillas y de las unas y las otras es cuando podemos extraer en verdad razón, opinión y juicio. Desde luego así es en el caso que afecta a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno y no pueden ser más simples y definitivas en ambos casos.

¿Begoña Gómez y David Azagra han obtenido los cargos, encargos, contratos, privilegios, estatus y dineros conseguidos por ser quienes son ellos por sí mismos o por su condición de ser la esposa y el hermano de Sánchez?

¿A Begoña Gómez se le ha otorgado una cátedra universitaria, alfombrado de subvenciones el camino, mantenido reuniones con los más altos estamentos económicos públicos, privados y empresariales y participado en cónclaves con empresarios del máximo nivel y en comprometidas situaciones financieras resueltas favorablemente luego por su formación académica –ni tiene siquiera una licenciatura y profesional, no se le conoce trayectoria ni mérito en tal desempeño– o por ser la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y en función de ello?

¿A David Azagra, con apellido cambiado para intentar pasar desapercibido, se le ha «colocado» en Badajoz en puesto altamente remunerado y creado a la medida, permitido no asomar por él sino cuando le viniera en gana, hacer la vista gorda en domiciliarse fiscalmente y auparlo como asesor en el Teatro Real de Madrid por sus excelencias musicales y su trayectoria, trabajo y desempeño en sus cometidos o por ser hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez?

Las respuestas se las dejo a ustedes. Y de ellas es de donde ha de extraerse la principal conclusión moral, ética y política que vale tanto para ambos y a ambos afecta como también recae sobre un tercero, el colaborador y valedor no solo necesario sino actor primordial y cómplice, que es amén de marido y hermano, el todopoderoso presidente del Gobierno de España. Y ese juicio de valor, esa sentencia sobre su comportamiento ha de hacerlo y darlo cuando corresponda, a la ciudadanía.

El otro, el de los tribunales de Justicia, el de discernir si en ello hay, además, algo punible penalmente, corresponde a los jueces hacerlo. Pero el ético y el político nos corresponde a todos. Así que hagámosnos por derecho y sin embrollos las sencillas y simples preguntas que en cualquier otro caso similar nos haríamos, por ejemplo aquel asunto tan parecido de un tal Iñaki Urdangarin, y las respuestas caerán por su propio peso.