Cándido Conde-Pumpido

La mayoría «progresista» en el Tribunal Constitucional no sólo ejerce como supuesta Corte de apelación a las decisiones de la tribunales ordinarios, incluido el Supremo, sino que está proporcionando al socialismo andaluz los materiales necesarios para reescribir la reciente historia de Andalucía, desde un victimismo que sería patético de no incorporar la descalificación de los procesos electorales que dieron la victoria a un adversario político, que, según la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Ferriz, carecería de la legitimidad democrática de origen.

Por supuesto, no importa que los siete magistrados «progresistas» del Constitucional, impelidos por razones que escapan a una recta comprensión, hayan buscado el alivio penal de los dirigentes socialistas condenados en firme, pero sin negar la existencia en sí de los delitos cometidos, como tampoco importa que algunos de estos mismos magistrados hayan mantenido vínculos políticos y profesionales con los gobiernos socialistas, que aconsejaría su apartamiento voluntario de la causa, porque de lo que se trata es de llevar a la opinión pública andaluza, también a la española en general, la idea de que existió una conspiración político-judicial espuria para apartar ilegítimamente del poder a los socialistas, que llevaban cuatro décadas al frente de la Junta de Andalucía.

Con la conclusión inevitable, pero no menos falaz, de que el PP habría llegado al gobierno a lomos de la extrema derecha y de una cacería política, jurídica y mediática, insensible a la tragedia sufrida por personas inocentes, injustamente condenadas. No es necesario recalcar la similitud de este discurso de la conspiración con el que mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta del «lawfare» y los problemas judiciales de su familia.

No es fácil calibrar hasta qué punto esta propaganda insidiosa causará los efectos buscados entre la población, pero bastaría una relectura atenta de los «hechos probados» en las sentencias de la Audiencia Provincial, avaladas en su totalidad por el Tribunal Supremo y que el Constitucional ha dado por válidos, para establecer el marco de la realidad. Porque la corrupción de los ERE no puede distinguirse de la manera patrimonial y clientelar con la que el PSOE ejerció el poder en Andalucía, percepción perfectamente interiorizada por buena parte de la sociedad andaluza, que ha recibido la alternancia política como un soplo de aire fresco, al menos, si tenemos en cuenta las cuatro victorias electorales sucesivas del Partido Popular en la región.

Con todo, el caso de los ERE, del que queda por juzgarse más de cien piezas, no debería contemplarse como un episodio más de corrupción, porque ese dinero público se empleó para impulsar la destrucción de tejido empresarial de Andalucía, cuestión que, por lo visto, se le escapa a Cándido Conde-Pumpido.