Anteayer fue 23 de julio, «23 J», día en el que se celebraron las últimas elecciones generales que convocó Sánchez anticipadamente tras su derrota previa del 28 de mayo en las municipales y autonómicas –en 13 de las 17 comunidades autónomas–, en todas menos Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña, donde salvo en ésta última, salió también claramente derrotado «su» partido, el PSOE (siendo en este caso, «su», el adjetivo posesivo de tercera persona).

Hay que conmemorar con el recuerdo, el aniversario de aquella derrota, pese a la cual sigue en La Moncloa apalancado por una coalición tan «progresista» como la integrada por comunistas bajo16 siglas, –ex lideradas por su vicepresidenta Yolanda Díaz–, nacionalistas secesionistas protagonistas de un golpe de Estado contra el fundamento de la Constitución (la Unidad Nacional); y los sucesores políticos de la banda terrorista ETA.

Además, por supuesto, de los no menos progresistas del PNV, a quienes debe Sánchez el puñado de votos que culminaron su acceso a La Moncloa hace seis años, y ello tras haber pactado cinco días antes con el segundo gobierno de Rajoy los primeros presupuestos de la legislatura.

Todo tan «progresista» como para ser conmemorado con una cita judicial para declarar como testigo por el caso en el que está investigada su mujer por presunta corrupción. Su «progresista» gobierno ha salido en tromba a descalificar al juez, encabezados «ejemplarmente» por el ministro de Justicia, dando un ejemplo del respeto de su gobierno a la independencia del Poder Judicial y a la división de poderes que es propio de una auténtica democracia parlamentaria.

El titular de esa cartera, Félix Bolaños, es un «triministro» que acumula la coordinación con los poderes del Estado además de con la Justicia, ya que además coordina el Ejecutivo como ministro de la Presidencia, y las Relaciones con las Cortes, es decir con el Poder Legislativo.

Debe ser esa condición la que explica que el respeto debido a la división de poderes brilla por su ausencia en él, que debería dar ejemplo particularmente obligado como titular de la Cartera de Justicia.

El juez ha citado a declarar al empresario y benefactor de la cátedra universitaria de la esposa del presidente –que no es ni doctora, ni licenciada– por lo que también ha testificado el rector de la Complutense.

Ambos, tras declarar como testigos han pasado a la condición procesal de investigados, por lo que ha cundido la preocupación de que se pueda cumplir el adagio de que «no hay dos sin tres» con el ciudadano Sánchez. Y ha puesto en estado de alarma a los sanchistas. Que pueden perder su estatus.