TM.- La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha cargado duramente contra el preacuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común y recaude el cien por cien de los impuestos. Algo que califican como “una auténtica barbaridad y una verdadera vergüenza” y alertan de que supone “la ruptura total del sistema” de financiación autonómica. Dejaría en el aire el modelo actual de solidaridad interterritorial.

A falta de conocer los detalles, los inspectores de Hacienda se han posicionado radicalmente en contra después de que hayan ido ya alertando en las últimas fechas de las consecuencias de que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos, así como de la fragmentación de la Agencia Tributaria.

De este modo, advierten, que resultaría afectado el sistema de información tributaria, “que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación, ya que la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible”.

Por otra parte, los inspectores de Hacienda señalan que la necesidad de un sistema de caja única “también se vería afectada”. “La gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar a cabo por la Agencia Tributaria, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se ceda a cada comunidad”, añaden.

Y esto, según precisan, conllevaría un “gran riesgo” en la gestión de las retenciones, que “deben de realizarse de forma integrada por la Agencia Tributaria, así como para el sistema de control de las actividades económicas, que debe ser de carácter integrado”.

Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido del riesgo de que se inicie “una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta”, lamentando que esto “privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial”.

Para el director de Fedea, la reivindicación independentista de “una financiación a la carta” podría comportar que ciertas comunidades “se queden básicamente sin recursos” porque no se financien los gastos comunes del Estado, mientras que el Gobierno central se podría quedar sin fondos para “ejercer sus funciones”.

Y es que, según este preacuerdo de concierto económico solidario, Cataluña pasaría a recaudar, liquidar e inspeccionar el 100% de los impuestos. Es decir, Cataluña recaudaría todos los impuestos que se generan en la comunidad y luego negociaría con el Estado pagar una “cuota de solidaridad”, dice de manera “clara y transparente”, por los servicios que el Estado presta. Sería algo parecido a lo que ocurre con el cupo vasco y navarro.

Ello, supondría, de facto, la reforma del régimen de financiación autonómica, pero sería hacerlo sin contar con los gobiernos autonómicos y podría en cuestión el actual modelo de financiación, pasando Cataluña a negociar una supuesta cuota de solidaridad, con un tope, año a año.

Para acometer este preacuerdo habría que afrontar reformas legislativas, como la LOFCA, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.