El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este miércoles.

Cada vez son más los líderes territoriales del PSOE que dicen “basta” a Pedro Sánchez ante el preacuerdo entre el PSC y ERC que incluye un concierto económico para Cataluña a cambio de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. A juicio de al menos seis federaciones socialistas —Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid, Asturias y Castilla y León—, la llave de la caja debe debe estar a recaudo del Estado y un cambio “tan grande” en el modelo de financiación no se puede hacer a través de un texto pactado bilateralmente con los republicanos, sino que debe ser consensuado entre todas las comunidades. Es tan grande el enfado entre las filas del PSOE que se ha perdido el “miedo” a expresarlo. No temen ya a represalias por parte de la cúpula: “¿Qué van a hacer, una lista negra?”, señala a 20minutos uno de estos barones.

El runrún comenzó este lunes, cuando el PSC y ERC desvelaron que habían alcanzado un preacuerdo que implicaría la salida de Cataluña del régimen común de financiación de las comunidades autónomas, algo que confirmó ERC pese a no reflejarse en la literalidad del acuerdo, en el que tampoco aparece la palabra “concierto” económico ni “cupo”. Eso sí, recoge que la agencia tributaria catalana será la que gestionará, recaudará, liquidará el inspeccionará el 100% de los impuestos.

Este era el punto de mayor fricción en las negociaciones entre ERC y el PSC y que, hasta el momento, Moncloa se negaba a ceder. “Yo no comparto el concierto económico para Cataluña”, afirmaba la propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace apenas quince días.

Es un cambio de postura que el Ejecutivo de Sánchez no ha explicado a los barones socialistas, pese a los intentos de estos de ponerse en contacto con Moncloa para trasladar su malestar y buscar aclaraciones. Nadie de Moncloa coge el teléfono, asegura uno de los más críticos, visiblemente molesto con la actitud de la cúpula y la falta de comunicación. “Intentamos hablar con ellos y aquí no habla nadie”, apunta. Tampoco les han hecho llegar ningún documento firmado, sino borradores y un “comunicado genérico que se lo puede llevar el viento”, afirmó el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una declaración institucional convocada explícitamente para criticar el acuerdo.

Quien sí ha contactado con algunos de ellos ante la revuelta ocasionada ha sido el propio Salvador Illa, que les llamó por teléfono a principios de semana, nada más conocerse el pacto, para explicarles lo “complicada” que ha sido la negociación con los republicanos. Aunque, en vista de los hechos, la llamada no ha surtido demasiado efecto.

Los dirigentes más críticos con el pacto también se pusieron en contacto entre ellos para hablar largo y tendido sobre este asunto. Las conclusiones son claras aunque poco operativas. A nadie le gusta lo que está dispuesto a llevar a cabo el Gobierno, pero poco se puede hacer más allá de expresar públicamente su molestia. “No lo puedo apoyar y confío sinceramente en que mi partido no lo tolere”, dijo Page, el primero junto con el aragonés Javier Lambán que salió públicamente en contra del acuerdo y al que no tardó en menospreciar el Ejecutivo alegando que estas críticas siempre venían de las mismas personas. “La noticia sería que [Page] hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España”, añadió Pedro Sánchez en el balance de final de curso.

Sin embargo, además del presidente de Castilla-La Mancha y del líder socialista de Aragón, al menos otros cuatro secretarios generales del PSOE se han mostrado contrarios al acuerdo. De hecho, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido al presidente del Gobierno que convoque el Consejo de Política Federal, el órgano del partido en el que están representados todos los secretarios generales de las diferentes comunidades autónomas, con el fin de dialogar y definir la postura ante la financiación autonómica, una petición a la que se ha sumado Lambán.

Como el castellano-manchego y el aragonés, el líder extremeño ha sido también muy claro en su postura, mostrándose “radicalmente en contra de acuerdos que puedan significar desigualdad” porque, a su juicio, la “llave de la caja” debe tenerla el Estado, que “es quien distribuye y redistribuye”.

También se sumó a la revuelta el secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca, que aseguró que no defendería “nunca” ninguna “quiebra de la igualdad ni de la solidaridad en el sistema de financiación”. Incluso llegó a pronosticar que la “propuesta de ERC no se llevará a cabo nunca” porque no hay una mayoría suficiente en el Congreso para modificar la ley que regula el sistema de financiación. Sin embargo, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha sido la principal negociadora de los republicanos, ha asegurado que, en ese caso, existe un “plan B” para sacar adelante la financiación singular para Cataluña.

Desde la federación madrileña tampoco ven con buenos ojos el acuerdo, pues opinan que la Agencia Tributaria tendría que seguir funcionando en Cataluña sin perder su capacidad de recaudar impuestos y que un cambio así en el sistema de financiación tendría que negociarse de forma multilateral con el resto de comunidades autónomas. “Lo contrario sería un disparate”, apuntan desde el PSOE de Madrid.

El último en sumarse a la revuelta contra el pacto fue el presidente de Asturias y secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón. En su nombre, el responsable de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez, consideró que el concierto fiscal que se pretende con este pacto es una “merma de los recursos del Estado” y, por lo tanto, “un límite a la solidaridad” que la quebrantaría a nivel interterritorial.

Otros líderes territoriales del PSOE se han mostrado más prudentes en sus críticas, aunque no han dejado de mostrar desconfianza hacia el acuerdo. Es el caso de Andalucía, cuyo líder y también senador, Juan Espadas, advirtió de que este acuerdo no debe “perjudicar” a Andalucía. “No voy a permitir ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía. Esto es de primero de Catón. Quiero para Andalucía todo lo bueno que haya en el acuerdo para Cataluña. La línea capital de defensa de Andalucía, siempre dentro de la Constitución, es que esté garantizada la financiación justa de las competencias autonómicas que sustentan el Estado de derecho”, apuntó.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, hace unos días.