La nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista quienes habrían preparado una trama judicial para retrasar in eternis la entrada en vigor de la Ley de Amnistía e imposibilitar que Puigdemont pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos.

Puigdemont, la bestia negra del lobby judicial

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Marchena, Llarena y García Castellón como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del “Clan de los indomables” como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido en “un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del anterior Gobierno de Sánchez” y en esta ocasión, los jueces tardofranquistas procederán a presentar una cuestión prejudicial al TJUE, lo que dilataría in eternis su aplicación práctica.

“Operación Pinza” contra Puigdemont

La penúltima estrella mediática del Tardofranquismo Judicial, el juez de la Audiencia Nacional, García Castelló habría imputado a Puigdemont y a Marta Rovira y al llamado «estado mayor del procés» por un presunto delito de terrorismo por su implicación en la puesta en marcha en 2019 de la plataforma “Tsunami Democrátic”, acusándole de ser responsable de organizar protestas masivas, desórdenes y atentados contra bienes públicos para protestar por las condenas del procés, pero debido a errores por parte del juez Castellón en la instrucción del caso, quedó anulado.

La otra pata de la Operación Pinza contra Puigdemont sería la reactivación por el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre del ‘caso Voloh’ o trama rusa quién ha prorrogado 6 meses más la instrucción de dicho caso e insiste en el apoyo “económico y militar” de Rusia al expresidente catalán al que podría acusar de “un delito de traición”.

Puigdemont se habría convertido así de facto en un rehén en manos del Tribunal Supremo y dado que se mantiene vigente la orden de detención contra su persona en territorio español, habría decidido inmolarse y ser detenido para convertirse en mártir del independentismo, evitando de paso la nominación de Illa como Presidente de la Generalitat con los votos de ERC que le hubiera condenado del ostracismo político, no siendo descartable asimismo la convocatoria de nuevas elecciones en las que Puigdemont podría resultar vencedor tras fagocitar los restos del naufragio de ERC.