El devenir de la legislatura española pende de cómo se resuelva el puzle catalán que se mueve en estos días críticos en pleno agosto entre dos vectores: la investidura de Salvador Illa, amarrada al pacto con Esquerra que otorga una paulatina y contestada soberanía fiscal a Cataluña, pero aún bajo sombras de incertidumbre hasta que la votación en el Parlament se materialice; y el regreso comprometido por Carles Puigdemont, un retorno que supondrá, de consumarse también, el final de su huida de la justicia española casi siete años después y que comportará su detención y probable ingreso en prisión al haberlo excluido el Tribunal Supremo de la amnistía.

El ‘factor Puigdemont’, que languidecía hasta que las generales del 23-J convirtieron a Junts en el fiel de la balanza para que Pedro Sánchez siguiera en la Moncloa, vuelve así a mantener en vilo a los partidos catalanes y a un Gobierno español cuya supervivencia continúa supeditada al expresidente y su partido.

Sánchez ha anudado con más fuerza si cabe su futuro a Cataluña, pero esta vez fiándolo a la máxima de que más vale pájaro en mano o, lo es lo mismo, recuperar la Generalitat 14 años después; a que el acuerdo desengancha a ERC del convoy independentista más irreductible, aunque la dirección de Marta Rovira lo interprete en sentido exactamente contrario y a pesar de soliviantar los ánimos en los socialistas que presienten un agravio para sus comunidades; y a que Junts, incluso tras el aviso de haber tumbado en el Congreso hace dos semanas las directrices de los Presupuestos y la reforma de la ley de extranjería, seguirá tentándose la ropa antes de reventarlo todo abriendo la puerta a un Gobierno del PP. El presidente ha antepuesto así investir a Illa con Cataluña transformada en el granero de escaños de un PSOE que sufre una notable erosión territorial y erigida en el gran argumento político de la legislatura.

Esa estrategia y el relato derivado de ella -que el apaciguamiento catalán justifica el controvertido entendimiento con los secesionistas sobre el que Sánchez sostiene su tercer mandato- se la juegan en unos días, tan claves como indeterminados, a que Illa se asiente en el Palau y a que la amenaza declarada que constituye la vuelta de Puigdemont quede balizada; eso que fuentes de Esquerra denominan “aguantar 48 horas” hasta que escampe, confiadas en que el efecto político y emocional del retorno se irá difuminando aun cuando el líder de Junts acabe encarcelado. Pero esas expectativas más airosas cuelgan de lo que resuelva hacer el expresidente con la legislatura, con el desafío de los Presupuestos en el epicentro.

“En brazos de quién se lanza”

Por si no había quedado claro, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, confirmó hoy en RNE que lo que pretende éste con su regreso es evidenciar “en brazos de quién se está lanzando ERC”, en un postrero intento de doblegar la determinación de los republicanos de avalar al candidato socialista al tiempo que tratan de enviar a la esquina a su rival independentista. Y aunque el momento concreto en que el emblema del ‘procés’ cruzará la frontera, y cómo, son un enigma, el mero anuncio permea el proceso para investir a Illa que habrá de pasar mañana, además, el examen de las juventudes de Esquerra. El colectivo amaga con que su parlamentaria por cuota, Mar Bessas, se oponga, aunque para frustrar la investidura debería mantener ese voto contra Illa en las dos rondas -la que requiere mayoría absoluta y la que precisa solo la simple- y que no hubiera cambio de bando en el resto del hemiciclo.

Por de pronto y alegando «motivos de agenda» del grupo parlamentario de Esquerra, el presidente del Parlament, el dirigente de Junts Josep Rull, ha pospuesto a este martes la ronda de contactos con los grupos para fijar la fecha del pleno, que, en consecuencia, ya no empezará el miércoles. En paralelo, los Comités en Defensa de la República activados en el ‘procés’ han desconvocado la concentración de protesta contra el pacto ERC-PSC en la barcelonesa Estación de Francia, a la que habían urgido a acudir a las ocho de la mañana de este mismo lunes, ante “las circunstancias cambiantes de estos días”. El paso atrás llega después de que la ANC de Lluís Llach, frontalmente contraria a Illa, se descolgara de la movilización ante los “mensajes confusos y contradictorios”, sin ofrecer mayores explicaciones.

La manija del pleno la tiene el presidente del Parlament, quien ya ha proclamado que se hará apresar él antes que permitir el arresto de Puigdemont, si éste llegara a entrar camuflado en el hemiciclo sorteando su detención. En principio, Rull no necesitaría ponerse tan épico, porque el Estatut consagra la inviolabilidad del Legislativo catalán y un protocolo de seguridad aprobado en agosto de 2017 para vetar el paso a policías y guardias civiles armados y embozados -no fue por el ‘procés’, sino tras una operación contra la corrupción del 3%- obstaculiza que los parlamentarios sean llevados ante un juez.

Lo que sí cunde es la impresión de que Rull podría propiciar la suspensión de la investidura en el momento en que el instructor del Supremo, Pablo Llarena, ejecute la orden vigente de arresto e ingreso en prisión de Puigdemont por malversar dinero público en el referéndum ilegal del 1-O. Su defensa no avanza cuál será la estrategia procesal. Pero si mediara encarcelamiento, este no sería breve, según fuentes consultadas, incluso si el expresidente requiriera al TC un parón cautelarísimo de las medidas en su contra.