Yarisley Urrutia.- Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas se moderan al 3,1% en julio, el mejor dato desde 2021, pero el aceite de oliva continúa un 38% más caro que hace un año. La supresión del IVA para este producto no redunda en su abaratamiento, sino en un alza de los beneficios de los grandes supermercados, avisan las organizaciones de consumidores.

La inflación general en España bajó en julio un 0,5% respecto al mes anterior (una décima más en tasa interanual), estableciéndose en el 2,8%. El descenso es debido a la bajada de los precios de la electricidad y los alimentos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios al consumo (IPC) de los alimentos bajó 1,1 puntos respecto al mismo periodo de 2023, fijándose su encarecimiento en el 3,1% interanual. El dato mejora al de junio, que alcanzó el 4,2%. “Este comportamiento fue debido, principalmente, a la bajada de los precios de la fruta y de los aceites y grasas, frente a la subida en julio del año anterior”, apuntan los especialistas de INE en su nota de prensa.

La publicación del dato de la inflación de julio es importante en la medida que permite calibrar el efecto de una de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez para contener el alza de precios de los alimentos: la prórroga de la eliminación del IVA de los alimentos básicos, a los que se unió el aceite de oliva, aprobada en Consejo de Ministros el 25 de junio mediante un Real Decreto ley.

En principio, la rebaja impositiva ha repercutido positivamente en la confección de los precios de muchos productos, pero en lo que toca al aceite, este todavía es un 38,3% más caro que hace un año.

Fue en enero de 2023 cuando entró en vigor la reducción del IVA del 10% al 5% para el aceite. No obstante, su precio llegó a escalar hasta el entorno de los 10 euros de media por litro. Luego de malas cosechas debido a la sequía, el sector olivarero reclamó la eliminación del IVA al aceite para ayudar a contener el alza de los precios en origen. Pero aun con un precio en origen más moderado, el precio en destino ha seguido subiendo. No con tanta fuerza, pero continúa subiendo cuando debería ya bajar.

Las principales distribuidoras de alimentación del país no aplican una rebaja que pueda aliviar las economías familiares. La situación es notoria en los supermercados, donde el aceite virgen extra de marca blanca ronda los nueve euros y el de primeras marcas sobrepasa los 14. Muchas de las botellas expuestas en los lineales figuran con sus argollas de seguridad, devenidas en una suerte de artículo de lujo a proteger de los hurtos.

Las denuncias de los consumidores

La situación es paradójica; el aceite debería estar más barato, pero su precio sigue creciendo a un ritmo del 38% de cara al consumidor, aun cuando a los productores no se les abona el IVA. Es más, se observa un ascenso paralelo de los precios de las marcas blancas de los principales supermercados.

Según un estudio de seguimiento mensual de precios iniciado en 2022, la Asociación de Consumidores en Acción FACUA concluye que “de manera continuada, cuando una de las cadenas modifica los precios de su marca propia de aceite de oliva, el resto la imita para igualarlo o reducir sus diferencias en unos pocos céntimos por litro”.

De resultas de esta modificación de precios para su nivelación, a mediados de julio, cuatro de las ocho principales cadenas vendían su aceite de oliva virgen extra en envase de 1 litro a 8,95 euros, y el resto a 8,93 y 8,99 euros. Esta organización entiende que existen “indicios suficientes” para sospechar de irregularidades en los mecanismos de fijación de precios de las cadenas de supermercados analizadas. Tales mecanismos implican una subida de los márgenes de beneficios en distintos meses de 2023 y 2024.

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, habla de “fraude masivo” y a “gran escala”, producto de una manipulación al alza los precios que “infla” los márgenes de beneficios de las grandes cadenas de supermercados.

“Se da en el aceite de oliva, pero también en otros productos”, explica, si bien puntualiza que su organización aún no dispone del mapa completo de costes y precios de todos los productos desde que entrara en vigor la rebaja del IVA de los alimentos en enero de 2023 para poder saber “dónde se han producido los mayores incrementos de márgenes de beneficios”, ya sea en los supermercados o en la industria alimentaria.

“Pero en el aceite de oliva esto se nota mucho, es demasiado evidente, por la multitud de datos que venimos acumulando”, afirma Sánchez, que recuerda que a los agricultores se les está pagando en la actualidad “75 céntimos menos por litro que hace un año”, mientras que en los supermercados el litro se paga 4,55 euros más caro de media. “El aceite en origen ha bajado, pero en los supermercados sube de forma descomunal”, subraya.

Ante esta situación, FACUA interpuso a finales de julio una denuncia ante la Dirección General de Consumo al sospechar que las grandes cadenas distribuidoras de productos de alimentación pueden estar incurriendo en una distorsión de los precios y en una subida ilegal de los márgenes de beneficios. Una segunda denuncia fue cursada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para instarla de nuevo a abrir una investigación tras un primer requerimiento realizado en noviembre.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recibió la queja y trasladó a la CNMC el estudio de las posibles distorsiones. “La obligación de la Dirección General de Consumo es comprobar que la reducción del IVA al 0% está siendo aplicada de manera íntegra por los supermercados, único eslabón de la cadena de producción del aceite de oliva en la que Consumo tiene competencias para poder actuar”, reza en la nota de prensa ministerial del 31 de julio.

La reacción del Gobierno

El titular del ministerio, Pablo Bustinduy, anunció en la red X el envío de “requerimientos” a las principales cadenas de supermercados ante las denuncias recibidas por “prácticas fraudulentas” en la confección del precio del aceite.

Cabe recordar que el aceite de oliva es el alimento más encarecido desde que a finales de 2021 se desatara la espiral de precios, llegando a soportar un incremento inflacionista del 70% a principios de 2024. Su actual nivel del 38% de crecimiento de su precio es 10 veces superior a la tasa de inflación alimentaria general.

El Gobierno ha sacado pecho del dato de la inflación, que vincula a las “medidas de apoyo” adoptadas y que reflejan “la capacidad de la economía española para compatibilizar el mayor crecimiento entre las economías del área euro y esa moderación continuada de los precios”, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien defendió en X que “la eliminación del IVA del aceite de oliva está permitiendo acercar su evolución a la del resto de precios”.

El presidente Pedro Sánchez también se ha congratulado de la moderación de la inflación, pues interpreta que junto a la “buena evolución” de la economía, el poder adquisitivo de las familias está mejorando. Sin embargo, los precios no descienden, por más que la moderación de su encarecimiento pueda crear tal ilusión. Además, arrecian las críticas por privarse el Estado del cobro de un montante del IVA que parece estar acabando en los bolsillos de la industria alimentaria y los grandes supermercados.
En contraposición, las voces en favor de activar una política que ponga topes a los precios han venido siendo recurrentes en los últimos tiempos en España, en concreto en los espacios políticos a la izquierda del Partido Socialista, como Podemos y Sumar. El Gobierno de coalición puso topes a las tarifas del gas, la llamada “excepción ibérica” de España y Portugal.

Con todo, la mayor queja ahora versa sobre el incumplimiento de lo suscrito a principios de 2023 para limitar o eliminar el IVA de productos básicos, pues en teoría no debía conducir a un incremento de los beneficios, sino a una reducción del precio. El Ministerio de Agricultura elude las tareas de control, al entender que lo le compete una labor “fiscalizadora”.

“Al final, nadie ha vigilado su cumplimiento”, lamenta Rubén Sánchez. “Creemos que el Gobierno debería haberse planteado una intervención de precios, fijando precios máximos a los alimentos sobre la base de evolución de costes y precios de los mismos para recortar beneficios a los grandes supermercados y a la industria”, concluye el secretario general de FACUA.