Yarisley Urrutia. – Las islas Canarias enfrentan una presión migratoria inasumible. Más de 22.000 personas han llegado por mar, cifras que auguran un récord anual, lo cual ha desencadenado diversas problemáticas como la falta de alojamiento para los menores de edad. Organizaciones humanitarias ya hablan de “colapso estructural permanente” en la capacidad de acogida.

La inmigración irregular en España se encamina a romper todos los récords. El flujo de personas que llegan por vía marítima y terrestre al país sigue en aumento. Hasta el 15 agosto se registraron 31.155 entradas ilegales, un 66,2% más que en el mismo período de 2023.

Los datos anteriores son un acumulado desde el 1 de enero que se recogen en el informe Inmigración Irregular 2024, presentado por el Ministerio del Interior y el cual se elabora quincenalmente. En el estudio se consigna que el número de inmigrantes llegados en lo que va de año ya es prácticamente igual al registrado en todo el 2022. Aunque la cifra aún está lejos del total de 2023, cuando 56.852 personas arribaron al país, el ritmo actual hace probable que tal cifra se supere.

Hay una región española que capta la mayor parte del flujo migratorio, al ser el destino casi exclusivo de los inmigrantes que llegan por la vía marítima: las islas Canarias.

Situadas frente a las costas del Sáhara Occidental, el archipiélago está recibiendo el 71,59% del flujo que llega a España por vía marítima y terrestre: 22.304 personas del 1 de enero al 15 de agosto, 126% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Semejante volumen supera las capacidades locales para auxiliar, atender y acoger a todas estas personas, entre las que se encuentran menores de edad, que no siempre llegan acompañados por alguno de sus progenitores.

En Canarias hay en la actualidad más de 5.200 inmigrantes menores de edad no acompañados. No hay suficiente alojamiento en los centros de acogida ni capacidad para su posterior inserción en la sociedad. Falta personal para acometer labores administrativas y educativas. Así, se generan situaciones de hacinamiento en los centros de acogida, donde el control institucional no siempre está garantizado.

Capacidades colapsadas

La mayor intensidad del flujo migratorio hacia las Canarias se observó en enero y febrero. Posteriormente el ritmo se ralentizó, pero recobró fuerza a partir de julio. En cualquier caso, la llamada ruta canaria es considerada mortífera; muchas embarcaciones naufragan y, entre las que llegan a buen puerto, no es extraño hallar a personas fallecidas entre los tripulantes a causa de la exhaustación.

Tan solo la madrugada del 23 de agosto, un cayuco con 173 personas a bordo (una ya fallecida) arribó al puerto de La Restinga, en la isla del Hierro. Entre la tripulación viajaban seis bebés y ocho mujeres. Casi todos los días estas embarcaciones son rescatadas y remolcadas por Salvamento Marítimo.

En cuanto a los puntos de salida de las embarcaciones en lo que va del año, “más del 50% parten desde las costas de Mauritania”, detalla Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR-Canarias —la delegación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en las islas—, quien señala a continuación “el sur de Marruecos, Sahara Occidental, Senegal y Gambia” como los siguientes puntos de partida en importancia.

“La clave de los próximos meses probablemente estará en una mayor intensidad de los flujos migratorios por la ruta canaria en los cuatro últimos meses del año porque el mar está más en calma pese al riesgo, la gran distancia, los peligros y lo letal que resulta esta ruta. La navegabilidad probablemente mejorará y aumentarán las embarcaciones que lleguen por mar a Canarias”, explica.

Como problema añadido a los flujos migratorios, en CEAR critican el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo suscrito a nivel de la Unión Europea en abril, al entender que crea “riesgos significativos” en materia de protección de las personas y se focaliza en el control externalizado de las fronteras.

“Amenaza el respeto de los derechos de las personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, concluye esta organización humanitaria en su informe anual de 2024 sobre las personas refugiadas en España y Europa, al entender que la política comunitaria se centra en impedir su llegada y obrar su expulsión lo más rápido posible.

El problema en origen

El país de donde proceden la mayoría de los migrantes es Malí. Es decir, las embarcaciones parten principalmente de Mauritania con tripulantes malienses en su mayoría. “Después hay marroquíes, senegaleses, mauritanos y gambianos”, precisa el especialista Lorenzo. Tal realidad, añade, “plantea desafíos” en la labor de acogida humanitaria y también en la labor de asilo.

“Malí está en guerra civil y hay muchos desplazados forzosos. La migración de asilo tiene cada vez mayor peso en la política, pero corremos el riesgo de cronificarnos en la emergencia porque todo es emergente cuando hablamos de rutas intensas desde hace 30 años en Canarias. Y también corremos el riesgo de caer en la autocomplacencia, de creer que lo que estamos haciendo es suficiente”, declara el trabajador humanitario al respecto de los problemas que enfrentan.

A falta de más instalaciones, en Canarias se habilitan carpas en los puertos para ubicar en primera instancia a los migrantes. Los centros de internamiento estan repletos y tampoco funcionan bien, especialmente en los que se alojan los menores no acompañados, cuya inclusión social, para la que no hay muchos medios, se perfila problemática. Lorenzo aboga por un enfoque “más estratégico” que otorgue vías legales y seguras a los refugiados o potenciales solicitantes de asilo, en vez de “jugarse la vida en el mar”.

Aparte de la asistencia que pueda brindarse en España a los migrantes y más allá del control de fronteras externalizado que busca la UE, cabe preguntarse por la dificultad de atajar los motivos que empujan a la gente a aventurarse al mar.

“La solución real al problema tendría que ser en origen; es decir, impedir que sus países no sean expoliados por las grandes multinacionales del globalismo, que son las que mantienen a sus gobiernos corruptos y provocan guerras civiles y hambrunas”, explica el historiador y periodista José Miguel Villarroya, quien asegura que tal posibilidad no se contempla porque en realidad lo que se busca es una “doble explotación”, en origen y en Europa.

El analista resalta que al carecer de todo a su llegada y en aras de obtener una documentación, estas personas aceptan “cualquier tipo de trabajo y cualquier tipo de condiciones laborales”.

“¿Qué ocurre? A la larga, se devalúa el mercado laboral de los países adonde llegan. Pero no es por culpa de ellos; es por culpa del sistema, al que ya le interesa que vengan, al provocarse una devaluación del mercado laboral y una pérdida de derechos laborales”, argumenta Villarroya.

En su análisis, Villarroya alude a esquemas ya vistos en el siglo XIX que siguen reproduciéndose en el actual.

Como decían (Karl) Marx y (Federico) Engels, se provoca la creación de un ‘ejército proletario de reserva’, que hace que como hay más demanda que oferta de trabajo, las condiciones laborales y salariales las ponga el empresario, que es quien gana. Porque, como sucede muchas veces, a los inmigrantes les pagan parte del salario en negro, los beneficios a su costa son enormes. Esta es la realidad”, afirma.

Una realidad sistémica

El 21 de agosto, un alto funcionario del Banco Central Europeo (BCE) declaró la necesidad de auspiciar una mayor inmigración económica para hacer frente al envejecimiento de la población europea y proteger su economía.

“Las medidas que favorecen la afluencia de trabajadores legales extranjeros constituyen una respuesta racional desde el punto de vista económico”, informó Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco de Italia.

Si bien Panetta se dirigía a una audiencia italiana, la cuestión es recurrente para los países de la eurozona, que deberán incorporar a un número mayor de inmigrantes a su fuerza laboral con tal de mantener la población en edad de trabajar en su tamaño actual.

De no ser así y de no mediar un nuevo aumento de la edad de jubilación, según previsiones de la ONU, en la próxima década el volumen de personas en edad de trabajar en la eurozona disminuirá un 0,7% al año, debido al envejecimiento de la población.

La argumentación no es nueva, cree Villarroya, para quien el discurso institucional en la UE busca convencer tanto a los autóctonos como a los inmigrantes de mucho arraigo de la necesidad de estas políticas.

“Como no nacen niños, se nos dice que se necesita la inmigración para pagar las pensiones, aunque la baja natalidad es un objetivo que se busca en estas agendas neomalthusianas que hablan de la necesidad de despoblar el mundo porque la población es excesiva”, sostiene Villarroya.

En su opinión, la escasa integración social es consecuencia de la falta de control en la afluencia de los flujos migratorios. “Porque les interesa que cuanto más gente entre, mejor”, asegura.

Tensión política territorial

Aparte del problema humanitario y logístico, la situación provoca además una tensión territorial en el país, producto de la lucha política y partidista.

El Gobierno regional de Canarias solicitó al resto de gobiernos autonómicos ayuda para redistribuir una parte de los inmigrantes, especialmente los menores no acompañados, por otros territorios.

La Ley de extranjería, en su actual redacción, prevé que sean las comunidades autónomas adonde primeramente arriben los inmigrantes las que se encarguen de su acogida. A finales de julio, el opositor Partido Popular (PP) y los independentistas catalanes de Junts se opusieron en el Congreso a reformar la ley.

En el punto 12 de su artículo 35, la ley de extranjería determina que “las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración”.

Ante esta situación, el presidente regional canario, Fernando Clavijo, comenzó a negociar el acuerdo de Galicia y Castilla y León, ambas gobernadas por el PP, para asumir una parte del reparto de aproximadamente 600 menores.

Aprovechando que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, está pasando sus vacaciones en otra de las islas del archipiélago, Lanzarote, el presidente canario insistió en reunirse con él a fin de abordar la crisis migratoria, cosa que logró en la mañana del 23 de agosto en la isla de La Palma.

Entre las soluciones para desatascar la crisis se barajaba la aprobación por decreto-ley del reparto obligatorio de menores migrantes por la península. Sánchez, más favorable a modificar la ley con el apoyo del PP, rehusó decretarlo, pues el texto no tendría vigor jurídico más allá de cuatro semanas en caso de que el PP no apoye su posterior convalidación en el Congreso.

Por contra, el jefe del Gobierno español se abrió a la posibilidad de ceder instalaciones militares para acoger a los menores y subrayó la disposición de seguir “aportando recursos económicos e impulsando avances legislativos”.

“Esperamos que el PP haga una oposición responsable y se sume a los acuerdos y las soluciones en lugar de reproducir los discursos de la derecha más extrema”, manifestó Sánchez al término del encuentro a través de la red X.

¿Problema o solución?

En CEAR-Canarias valoran positivameante el encuentro, al menos para evidenciar ante el Gobierno central que el sistema de protección en las islas para los menores migrantes no acompañados “padece de un colapso estructural permanente”, en palabras de Juan Carlos Lorenzo, que subraya la inviabilidad de tutelar “a más de 5.200 menores” y brindarles un “mínimo trabajo educativo de inclusión”.

“El sistema –dice Lorenzo– se limita a sustanciar necesidades básicas y poco más, no es capaz de dotarse de nuevos dispositivos de acogida ni tampoco de nuevos trabajadores. Por eso pensamos que la única alternativa viable es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería”, sostiene, convencido de la necesidad de “reducir el ruido político”.

Este ruido se expresa en la lucha partidista a cuenta de esta cuestión y en los mensajes antiinmigración de algunos de ellos. A juicio de Villarroya, esta tensión es sistémica y sirve a los intereses del propio sistema, al vincular unos la inseguridad y todos los problemas con la inmigración, y al reforzar otros la seguridad.

“La inmigración es un win-win para el sistema y para los que mandan en él. Esta es la realidad y por eso no se va a hacer absolutamente nada para solucionar el tema de la inmigración en Europa”, concluye Villarroya, que tampoco espera “nada” de las políticas europeas en materia de inmigración en general ni de la reunión de Sánchez con Clavijo en particular.