La ministra de Interior Nancy Faeser, en una rueda de prensa.

El Gobierno alemán ha acordado este jueves un paquete de medidas sobre política de seguridad y política migratoria, como reacción al atentado con cuchillo que dejó tres muertos la semana pasada en el oeste del país y que fue perpetrado supuestamente por un ciudadano sirio que hubiera debido ser deportado con anterioridad y que juró lealtad al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, anunció en una rueda de prensa que se prohibirá portar cuchillos en eventos públicos y se otorgará a los estados federados competencias para hacer lo propio en zonas con una elevada criminalidad, así como en trenes y autobuses.

La policía federal realizará controles aleatorios para vigilar el cumplimiento de la prohibición, explicó Faeser en la comparecencia en Berlín, en la que estuvieron presentes también el ministro de Justicia, el liberal Marco Buschmann, y una representante del vicecanciller, el verde Robert Habeck.

Las autoridades también serán dotadas con “competencias extra” para impulsar la “lucha contra el islamismo”, explicó la ministra.

Así, se permitirá a la policía por ejemplo usar software de Inteligencia Artificial (IA) para facilitar la búsqueda de sospechosos en redes sociales en base a datos biométricos.

También se creará un grupo de trabajo para la prevención del islamismo radical que se centrará entre otros aspectos en la radicalización de actores solitarios a través de internet.

En el ámbito de la política migratoria, las medidas se centrarán en agilizar las deportaciones de solicitantes de asilo que ya habían registrado peticiones en otros países europeos, como fue supuestamente el caso del atacante de Solingen.

“Se daban los requisitos legales y la deportación estaba preparada”, afirmó Buschmann en relación al detenido y explicó que en aquel caso la deportación fracasó porque no se le pudo encontrar y, tras expirar los plazos, Alemania se convirtió en legalmente responsable de “mantenerle y alojarle”.

Por ello se creará un grupo de trabajo que intentará facilitar estos procesos y se eliminarán las prestaciones para estas personas que están a la espera de ser deportadas a otro país europeo.

“Hay que deportar más rápido y deportar más eficazmente”, aseguró el titular de Justicia, tras señalar que hay “decenas de miles” de deportaciones posibles legalmente que fracasan cada año porque no se puede localizar al individuo en cuestión.

Otras medidas de política migratoria pasarán por endurecer los criterios para deportar a personas que hayan cometido actos de violencia con cuchillos y seguir trabajando para hacer posibles las deportaciones de criminales convictos a Siria y a Afganistán, lo que ahora mismo no sucede debido a la ausencia de relaciones diplomáticas con esos países.

El jefe la oposición, el presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, le había ofrecido al canciller Olaf Scholz buscar un acuerdo para tomar medidas para restringir la migración irregular después del atentado de Solingen.

Scholz después había anunciado la creación de un grupo de trabajo, con representantes de la oposición y de los gobiernos regionales, para acordar medidas dirigidas a reducir la inmigración irregular y aumentar la seguridad.

En ese contexto, el paquete de medidas acordado por los tres partidos de la coalición de Gobierno -el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), puede ser un paso previo a las negociaciones con la oposición.