Juan Ramón Lucas.- Todos iguales, salvo caso de necesidad o urgencia sobrevenida. De eso va la cosa y ahí se sustancia la dificultad de la papeleta que hoy tiene en el Senado la ministra del fisco, la fogosa y entregada vicepresidenta primera, la primera siempre en todo lo que tenga que ver con el despliegue y la escenificación de la estrategia voraz y tornadiza de Moncloa/PSOE, para defender el pacto con Esquerra que ascendió a Illa a la majestad de su despacho en el barrio gótico de Barcelona.

Apelando a la terminología de aquel periodismo de la exageración –y estos son tiempos en los que el exceso está presente en casi todo– no se habla de otra cosa en tertulias políticas y programas informativos que de la singularidad catalana que el Gobierno compara con la de los archipiélagos o la España vaciada. Como si fueran lo mismo. Lo cual es, como poco, osado, y yendo más allá, una auténtica cuchufleta a la inteligencia del respetable. Si es que el respetable está interesado en el espectáculo de toma y daca, daca y toma, con el que la perturbada escena política nacional nos obsequia a la vuelta de vacaciones. Quizá esté cansado ya de que le tomen por tonto o se le siga queriendo colar el sobre con las estampitas.

La nueva adquisición terminológica, que ya viene de lejos pero nunca se le había revestido de la dignidad que hoy muestra, es la ordinalidad. El palabro expresa un principio según el cual las comunidades que más aportan al Estado son las que más reciben cuando éste reparte. De esa forma, se mantiene el orden aparentemente justo de que las que más ponen sean las más beneficiadas por la distribución. Tiene sentido desde una cierta lógica de la riqueza, parece equitativo. Pero contemplado con las gafas de la necesaria solidaridad, es en realidad un límite a su desarrollo. Y un límite no menor. Comunidades ricas que aportan más al Estado recibirán siempre más que las más pobres que, en principio, deberían poder beneficiarse de una suerte de solidaridad interregional. Y eso no cambiará, de modo que las que menos tienen accederán siempre a menos dinero, mantendrán su posición de retraso en el reparto y con ello sus dificultades para crecer. Así se fijó en la última construcción del sistema de Financiación Autonómica en tiempos de Zapatero.

La ordinalidad es que cada uno se quede como esté. Ese es el orden. Esa es la consecuencia. Y visto el acuerdo con Esquerra, fundamentado en esa ordinalidad y en la creencia de que Cataluña es la tercera que más paga y está en décimo lugar en recibir dinero, pues nos encontramos con una situación en la que se vuelve a cambiar el marco legal, pero en vez de hacerse para mejorarlo, lo que, de forma obscena y a plena luz del día, se hace para beneficio de un territorio en perjuicio de otros.

¿Cómo lo explicará hoy la vicepresidenta? La verdad es que si se compara con la tendencia reciente de legislar para una persona, lo de singularizar todo un pueblo pues suena mejor. A ver qué melodía interpreta doña Montero para explicar esta oportunidad perdida, y justificar la amputación total de su competencia fiscal para Cataluña en base a una singularidad que no se ve por ninguna parte, y mucho menos teniendo claro que Cataluña no es un archipiélago, al menos de momento.