Ayer, tras un mes «desaparecido por vacaciones», salvo sus tres días de gira africana en la que no hubo posibilidad de preguntas por parte de los periodistas, Sánchez compareció en el Instituto Cervantes de Madrid –no en el Congreso de los Diputados– para dar inicio al nuevo curso político.

Ante el boicot del Ibex lo hizo ante su gobierno, los secretarios generales de UGT y CCOO y representantes de asociaciones y ONG, para criticar al PP y sus presidentes autonómicos con especial fijación en Ayuso como es habitual en él. Su intervención gozó de un gran «sentido de Estado» y elevado nivel intelectual, con frases como que «España será un país mejor si tiene más coches eléctricos, más autobuses públicos y por tanto más transporte público, y menos Lamborghinis», para lo que garantiza una fiscalidad más «progresista» con impuestos que «crecerán más para los que más tienen».

Para predicar con el ejemplo, no llegó en Lamborghini al Cervantes, aunque tampoco en transporte público, sino rodeado de un despliegue policial calificado de «colosal» por un testigo presencial que circunstancialmente coincidió con su llegada: «Además de su vehículo y una caravana de ocho más, seis furgones policiales y motos de la Policía Municipal y controles en todos los accesos y las calles de Alcalá y Barquillo con más de 30 _armarios_ de paisano con sus distintivos…». Y sin duda, conocedor de la credibilidad de que goza su palabra, enfatizó que «les aseguro, les garantizo, me comprometo», «que todas las CC AA recibirán más recursos de los que recibieron con el gobierno del PP». Se supone que debe entenderse deflactada la inflación de los años transcurridos desde entonces, aunque esto no lo garantizó, ni aseguró, ni comprometió explícitamente.

Así que los españoles pueden estar tranquilos porque además de esa progresista política fiscal, –y la reducción de Lamborghinis–, anunció una cumbre bilateral con Palestina, que seguro traerá la paz entre Israel y los terroristas de Hamás que ya no asesinarán a los rehenes que todavía mantienen en su poder desde el 7 de octubre pasado. Sobre todo, habiendo «asegurado, garantizado y comprometido» el cumplimiento de todo ello, al igual que la independencia del Banco de España respecto del Gobierno, para lo que ha nombrado a un ministro del mismo.

De momento no se sabe qué es lo pactado con ERC para investir a Illa, que el portavoz de Junts en el Senado calificó de «calimocho para todos» en lugar del «café para todos» de la actual financiación autonómica, amenazando que si no es un Concierto lo pactado, le retira el apoyo, al igual que ERC.