Mucho se habla de la eutanasia como un paso más de la cultura de la muerte y que, con la cual, se consigue eliminar la vida desde el momento de la concepción (a través del aborto) hasta la muerte natural (por medio de eutanasia y/o suicidio asistido).

Sin embargo, rara es la ocasión en la que oímos hablar de las ingentes cantidades de dinero que se derivan de las eutanasias practicadas en nuestro país, ha denunciado la Fundación Abogados Cristianos.

Desde dicha institución señalan que la existencia de intereses económicos por parte del personal sanitario, podría estar incentivando que se practique la eutanasia a ciertos pacientes, en concreto, a aquellos que son donantes de órganos.

Hace apenas unos meses Abogados Cristianos tuvo acceso a un documento que especificaba los sobresueldos que estarían recibiendo en Andalucía los profesionales involucrados en un trasplante de órganos. Y esto, obviamente, provoca un conflicto de intereses cuando hay vidas en juego.

Y menos aún, cuando la propia Ley de Eutanasia, en su artículo 14, prohíbe explícitamente este conflicto de intereses.

Es fraudulento que aquellos que animan a un paciente a continuar con su proceso de eutanasia, cobren miles de euros a costa de la realización de un trasplante. ​

Y es que esto se ha convertido en un lucrativo negocio para el resto de agentes involucrados en el proceso: hospital detector, generador (extracción) y trasplantador. ​

A continuación se detalla en una infografía con el precio por órgano, sumando las cantidades que reciben médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios.

Estos son los precios que recibe el personal sanitario por los órganos extraídos para trasplantes. Muchos de ellos son de pacientes empujados a la eutanasia

Son, al menos, casi 90.000 euros por persona eutanasiada lo que se puede conseguir en trasplantes, A este cantidad habría que sumar una cantidad fija de 3.382 euros que percibe el hospital por donante y un suplemento e indemnización en caso de traslado. Un verdadero negocio de la muerte.

Destacar que ni siquiera dejó de funcionar el negocio de los trasplantes durante los encierros en la pandemia y después, con todo su cinismo argumentaron que no había ningún riesgo en recibir órganos de fallecidos COVID cuando a los familiares no los dejaban ni ir a sus entierros.

Es una vergüenza, por último, que jueguen con la desesperación de los enfermos y les hagan sentir que la decisión de terminar con su vida es la mejor, al estar ayudando con ella a los receptores de sus órganos. Todo para lucrarse.

Gracias a Instituciones como Abogados Cristianos salen a luz estos escándalos.

Por cierto, ¿dónde está la fiscalía?