La red empresarial que financió con 100.000 euros en dinero negro al eurodiputado Alvise Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta, suma al menos 26 sociedades y llegó a estafar, presuntamente, 600 millones de euros a más de 2.000 inversores. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el empresario Álvaro Romillo y su padre, Domingo Romillo, junto a otros socios, conformaron una compleja red societaria que operaba a través de Madeira Club Investment. El eurodiputado acudió a Romillo, precisamente, por su posición como CEO de esta compañía.

La principal demanda contra la trama la ha presentado el despacho de abogados Zaballos, que reúne ya a más de 300 afectados por la red. Francisco Jiménez, director general de bufete, explica que “la trama, que está integrada además de las sociedades por ocho personas físicas y tenía intereses tanto en España, como en Portugal, Estonia, República Dominicana y Estados Unidos”. Ayer mismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional instó a que se abran diligencias y se inicie la investigación de todo el entramado.

La red que habría funcionado como una estafa piramidal prometía rentabilidades de más del 50% con inversiones en criptomonedas, arte, coches de lujo e incluso proyectos inmobiliarios, como el que se iba a construir supuestamente en el Caribe dominicano, con siete villas, un centro comercial y un hotel de lujo; o unas naves en Illescas, en la provincia de Toledo.

Criptomonedas

“Gran parte de las inversiones eran ficticias y no hay nada detrás”, resume Jiménez. Aunque, según el letrado que defiende a los inversores afectados, “es probable que el 80% del dinero captado estuviera en criptomonedas, la red tenía inversiones, además, en otros negocios, como los restaurantes Negro Carbón, con locales en Madrid y Andalucía”.

El despacho Zaballos ha reclamado que se decrete una orden de búsqueda y captura contra Romillo, que se encuentra en paradero desconocido y que presuntamente habría huido del país en un yate con bandera de Malta, valorado en 26 millones de euros. Algunas de las sociedades implicadas en la trama se estarían, de hecho, vaciando patrimonialmente como es el caso de PKW Italien, que gestiona un concesionario de coches de lujo que entre el 12 y el 15 de septiembre fue desocupado completamente.

Sociedades

La familia Romillo gestionaba fondos a través de cuentas bancarias en Portugal y utilizaba estructuras corporativas de Nuevo México (EEUU), donde está registrada Proelucyon LLC. Esta compañía es, además, una de las piezas principales del entramado, que ofrecía servicios de ocultación de activos a través de la mercantil Senitel, la sociedad de seguridad de cajas fuertes de la que Alvise recibió los 100.000 en metálico.

En Portugal, por otro lado, que goza de una menor presión fiscal, Domingo Romillo, junto a una empleada del banco transilvano Blogul BT Mihaela Munteanu, montó varias empresas, como Sabroso LDA, una mercantil dedicada a la restauración que habría servido para captar fondos. Munteanu se dedicaba al blanqueo de capitales y habría ayudado a facilitar la operativa internacional. El entramado, no obstante, se extiende hasta Albania, donde operan a través de Wingwort, dedicada al alquiler de inmuebles. Eran sociedades pantallas en todos los casos de Madeira Invest Club.

Para hacer frente a las deudas, Romillo ha presentado ya un escrito de bienes ante la Audiencia, admitiendo que entregó 100.000 euros “en efectivo” a Alvise el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos. “Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”, le habría escrito el eurodiputado en un mensaje de respuesta.

En su escrito, Romillo incide en que Alvise le contactó porque tenía una “necesidad de tráfico y alcance, fondos” que no requirieran “ser controlados por el Tribunal de Cuentas, fondos para el partido y dinero para afrontar multas por revelación de secretos contra el Estado y la protección de datos”. Al margen de la investigación en la Audiencia, la Fiscalía ha remitido ya, por otro lado, al Supremo una denuncia contra el eurodiputado por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest después de haber recibido el dinero y promocionar la plataforma de inversión.

El Economista