Fundacion Francisco Franco

Miguel Ángel Jiménez*.- En una decisión que ha sorprendido a muchos, el Partido Popular (PP) ha votado a favor de la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco. Mientras en España se mantienen activos el Partido Comunista, diversas asociaciones de ideología marxista, y hasta partidos nacidos de las cenizas de bandas terroristas, el PP se alinea con el gobierno de Pedro Sánchez en su decisión de extinguir una organización que, como cualquier otra, debería estar amparada por el derecho a la libertad ideológica.

El gobierno de Sánchez, formado por una coalición social-comunista y con el apoyo de grupos separatistas, parece una vez más ignorar los principios básicos de la Constitución Española. En esta ocasión, pasa por alto los artículos 16 y 21, que garantizan la libertad ideológica y el derecho a la reunión pacífica, respectivamente. No satisfechos con la polémica exhumación de Franco del Valle de los Caídos y la implantación de una Ley de Memoria Histórica que ha dividido a la sociedad, ahora se escudan en la nueva Ley de Memoria Democrática para prohibir la Fundación Francisco Franco.

Sin embargo, esta organización ha adaptado sus estatutos precisamente para cumplir con las disposiciones de la nueva ley, lo que cuestiona la justificación del gobierno para promover su disolución.

En una democracia verdadera, la pluralidad ideológica es un valor fundamental. La libertad de ser y de pensar sin la interferencia del Estado es esencial para el desarrollo de una sociedad diversa y respetuosa. Sin embargo, este reciente movimiento evidencia que, en España, no parece haber lugar para ideologías que no encajen en el modelo impuesto por el gobierno actual. La medida representa un peligroso precedente que indica que el Estado puede decidir qué ideas son aceptables y cuáles no.

Resulta, además, especialmente llamativo que el Partido Popular haya decidido apoyar esta prohibición. No se puede ignorar el hecho de que su propia historia está llena de figuras ligadas al franquismo y personajes del bando nacional. Parece contradictorio que el PP, un partido con raíces en sectores de la derecha española tradicional, apoye ahora una medida que restringe la libertad ideológica de un sector de su propia base histórica. En vez de defender la libertad individual de los ciudadanos, el PP se ha prestado a respaldar una acción que representa, en última instancia, una limitación de las libertades básicas.

España debería ser un país en el que cualquier ciudadano pueda expresar sus ideas y recordar su historia, independientemente de cuál sea. El derecho a la libre asociación y a la libertad ideológica no deben estar sujetos al capricho de quienes ocupan el poder en cada momento. Las medidas que buscan silenciar a aquellos que piensan diferente no son más que síntomas de un gobierno que se siente amenazado por la diversidad de pensamiento.

Señores diputados, recuerden que España es un país de hombres y mujeres libres. Los españoles tenemos el derecho a ser lo que queramos, a pensar como queramos, y a recordar nuestra historia de la manera que consideremos correcta.

*Ex portavoz municipal de Vox en Benalmádena (Málaga)