El Tribunal Supremo ha decidido imputar al Fiscal General del Estado por un gravísimo delito de revelación de secretos, en este caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y destinado obviamente a dañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y desviar la atención sobre los presuntos casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez.

El fallo de la Sala Segunda del Alto Tribunal ha sido por unanimidad, lo que apuntala la posibilidad de que, además de ser juzgado, García Ortiz acabe siendo condenado: él mismo asumió la responsabilidad de haber dado órdenes de que se difundieran las conversaciones privadas entre un ciudadano anónimo y la Fiscalía, conculcando con ello uno de los derechos elementales de los justiciables.

Pero más allá de las consecuencias penales que pueda tener el caso, las políticas son inmediatas y solo se pueden saldar con una dimisión urgente, dado que la destitución no parece probable al depender del mismo Gobierno que, con toda probabilidad, le dio las órdenes oportunas para proceder con ese espíritu cercano al de un sicario.

Es indecente que el Ministerio Fiscal se hay convertido, primero con Dolores Delgado y ahora con Álvaro García Ortiz, en una combinación de abogado defensor de los intereses del presidente y de acusación torticera para sus rivales políticos, con una deriva impropia de un Estado de derecho e incompatible con la esencia de la propia democracia.

La imputación del Fiscal General es, además, un señalamiento del propio Pedro Sánchez, cuyo asalto a la independencia del Poder Judicial comenzó, precisamente, con el nombramiento de una de sus ministras para la institución y continuó con la designación de otro como ella para el cargo. La resistencia del Tribunal Supremo y de muchos jueces a esa deriva regresiva es un soplo de aire fresco en la envilecida atmósfera autoritaria que Sánchez quiere implantar.

Y demuestra, además, que por muy elevada que sea la apuesta del poder político por la destrucción de la separación de poderes para dotarse de impunidad, no va a poder lograrlo con facilidad. Frente a la falta de principios morales de personas como García Ortiz, Conde Pumpido o Pedro Sánchez, la democracia española encuentra respuesta en la decencia, el oficio y el valor de quienes saben cuál es su papel y lo ejercen con la dignidad debida.