Informe Orwell.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras ser acusado de convivir con menores de edad durante su estadía en Argentina y abusar sexualmente de las menores, en 2019 y 2020. La denuncia fue realizada por Angélica Ponce, una exdirigente intercultural cercana a Morales, quien reveló que al menos cuatro menores habrían vivido con el exmandatario mientras él residía en el país vecino bajo la protección del gobierno de Alberto Fernández.

Ponce detalló que las menores que convivían con Morales actuaban como «jefas de gabinete» o «sirvientas», y señaló que esta situación era conocida por su entorno, aunque muchos optaron por guardar silencio. Durante su declaración, Ponce afirmó que «nadie puede callar más» y mencionó que Morales había recibido a estas menores como «regalos» de aquellos que buscaban favores políticos.

Las acusaciones han generado un fuerte rechazo en Bolivia, con sectores de la sociedad exigiendo que la justicia actúe con firmeza. La Fiscalía ya había abierto una investigación en 2020 relacionada con Noemí M., una joven quinceañera que mantuvo una relación con Morales, y que quedó embarazada como resultado de este vínculo.

Bloqueos y protestas en apoyo a Morales

Los seguidores de Morales han intensificado las protestas y bloqueos de carreteras para evitar su posible arresto. Según informaron las autoridades, varios tramos que conectan ciudades importantes como La Paz, Sucre y Santa Cruz han sido bloqueados por campesinos que respaldan al exmandatario. Estos manifestantes, en su mayoría afiliados al Pacto de Unidad, justifican su movilización en defensa de Morales, argumentando que es víctima de una persecución política orquestada por el gobierno de Luis Arce.

A pesar de los llamados al diálogo por parte del gobierno, las protestas continúan. Morales, quien reside en su bastión político de Villa Tunari, ha rehusado presentarse a declarar, alegando la violación de sus derechos.

La Fiscalía de Tarija, en Bolivia, emitió una orden de captura el pasado 4 de octubre contra el expresidente Evo Morales, acusado de estar vinculado a una presunta red de trata de menores y estupro. Según documentos filtrados del caso, Morales habría sido el líder de esta red, que durante años explotó a adolescentes bolivianos.

La denuncia clave fue presentada por una joven de 19 años, identificada como Cindy, quien asegura que cuando tenía 15 años fue obligada a tener relaciones sexuales con Morales, lo que resultó en un embarazo. Los documentos revelan que Morales habría registrado oficialmente a la niña nacida de esta relación cuando Cindy alcanzó la mayoría de edad. La denuncia también sugiere que los padres de la menor habrían recibido beneficios a cambio de permitir esta relación.

Además, las investigaciones señalan la existencia de una “guardia juvenil presidencial”, integrada por adolescentes de entre 14 y 15 años, quienes presuntamente eran explotados sexualmente bajo la supervisión del entorno del expresidente. Cindy, según las fuentes, formaba parte de esta organización.

La Fiscalía de Tarija emitió la orden de captura contra Morales por los delitos de estupro, trata y tráfico de personas. Sin embargo, la fiscal encargada del caso fue destituida poco después de firmar la orden, lo que ha despertado sospechas sobre un intento de encubrimiento por parte de la Fiscalía General, que habría solicitado cerrar el caso rápidamente.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ha confirmado que existen otras denuncias similares contra Morales, y que la red de trata podría implicar a más adolescentes que habrían sido entregados a cambio de favores y beneficios.