LR.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado por unanimidad la querella por prevaricación del presidente del Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa. Ha argumentado el «carácter especulativo» de la iniciativa, al tiempo que ha reprochado el «intento de tergiversar» el delito de prevaricación y que se utilizara a la Abogacía del Estado.

Uno de los magistrados, en un voto concurrente, ha defendido que la Sala debió explicitar que el litigio «patentiza, incluso con clamorosa evidencia, un reiterado ejercicio abusivo de la acción penal, con contravención de la buena fe procesal». Es una reflexión que compartimos y que incide en uno de los rasgos del régimen que es la apropiación de los recursos públicos por la identificación absoluta del Estado con Pedro Sánchez, de la verdad con su voluntad, del interés general con sus fines particulares.

El ataque acerbo y extemporáneo de Moncloa contra el tribunal madrileño, en línea con las embestidas contra otras salas que han repuesto el derecho contra el abuso del poder en los últimos días, explican su nulo apego a la división de poderes, la independencia judicial y los contrapesos institucionales.

El fallo del TSJM es un punto y seguido en un octubre negro para Sánchez con una letanía de reveses que han agudizado la impresión de fin de ciclo y de excepción democrática de una administración a la deriva en manos de los enemigos de la España en libertad. La plétora de calamidades ha abarcado desde el informe de la UCO sobre el «caso Koldo», con la más que segura imputación de José Luis Ábalos a la decisión de la Audiencia de Madrid de avalar la instrucción sobre las actividades de Begoña Gómez pasando por la investigación en el Supremo del fiscal general, la ley de excarcelaciones de etarras, la amonestación pública de las víctimas del terrorismo, la revuelta de varias federaciones del PSOE, la censura al presidente de medios de comunicación extranjeros del máximo prestigio, entre otras. Es un tiempo aciago y ademocrático en el que el poder no se somete ni acepta las reglas básicas de un estado de derecho.

Sánchez no ha dado una explicación porque no puede justificar las conductas de las tramas corruptas. No rinde cuentas y se parapeta con sus armas predilectas, la mentira y la ausencia de escrúpulos. Resiste como ningún otro mandatario conocido en cualquier democracia plena en este siglo. Pero no es inocuo para España y los españoles, como tampoco para Moncloa. Que en ese entorno se contemple un horizonte penal complejo, que se tema por el desarrollo de las pesquisas relacionadas con Ábalos, es más que lógico.

Nadie está por encima de la Ley. Lo avanzó Feijóo en el Congreso. «Su agonía legislativa va a parecer una broma con su agonía judicial» Es casi la única explicación con algo de sentido sobre la razón de que Sánchez no asuma sus flagrantes responsabilidades políticas. La historia no será benevolente con su mandato. El daño a la democracia ha sido profundo.