Nadie puede seguir en la Presidencia con una sombra de corrupción sistémica en su Gobierno, su partido y su familia que le alcanza a él mismo. Y no es un invento de los medios de comunicación críticos ni de los adversarios políticos, sino la conclusión provisional razonable de decisiones judiciales del máximo rango.

En un mismo día, la Audiencia Nacional le ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a José Luis Ábalos, mano derecha de Sánchez en el partido y el Gobierno, como posible responsable de una trama de corrupción relacionada con el misterioso rescate millonario de Air Europa, decidido en tiempo récord.

Y, además, ha confirmado que el «Número 1» citado por el intermediario Víctor de Aldama, presente también en la trama de las mascarillas, en reuniones con Begoña Gómez y en siniestros tratos con Delcy Rodríguez, es sin duda el propio presidente del Gobierno.

A todo se le añade el archivo de la querella infundada de la esposa de Sánchez contra el juez Peinado, a quien han pretendido amedrentar desde el Gobierno por hacer su trabajo: investigar a Gómez para determinar el origen de su inmerecida cátedra, negociada en la Moncloa. Este puesto fue un disfraz para hacer negocios a la sombra de su marido que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Que toda la reacción de Sánchez haya sido hurtarle a la ciudadanía explicaciones y desatar una cacería contra la Justicia y la prensa independiente, hace todavía más irreversible su dimisión: lejos de respetar la separación de poderes y la libertad de información, ha intentado convertir sus problemas en una coartada para devaluar el Estado de derecho y garantizarse su propia impunidad.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, exigió ayer la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales, una urgencia nacional necesaria, pero no suficiente: llegados a este punto, no basta con que Sánchez abandone el poder. Además, debe someterse al imperio de la ley para determinar su responsabilidad o participación personal en la inabarcable ristra de escándalos medrados a su sombra.

Los tiempos judiciales son unos, más largos y condicionados por las necesarias garantías legales de un proceso, pero los políticos son otros, inminentes e inaplazables.

Con lo que ya se sabe, gracias a la resistencia de unos pocos medios de comunicación y el valor de un puñado de jueces y tribunales conscientes de su función en una democracia, es suficiente para que Sánchez abandone un Gobierno lastrado por un pecado de origen, su sometimiento al independentismo, y ahogado por una mezcla de parálisis y corrupción simplemente inadmisible.

Esta certeza debiera ser vinculante para todo dirigente político respetuoso con el Estado de derecho, pero especialmente para uno que la aplicó para acceder al poder por primera vez, en 2018, justificando en la ejemplaridad una moción de censura artera.

A Rajoy lo sancionó el propio Sánchez por acudir como testigo a un juicio, apelando a la higiene política como excusa para obviar la falta de apoyo electoral en las urnas. Con medio partido, su mujer, su hermano y su Gobierno bajo sospecha, con firmes indicios de delitos gravísimos a juicio de la Justicia y de la Guardia Civil, solo le queda marcharse y enfrentarse, de una vez, a las consecuencias de su lamentable comportamiento.