El espectáculo que está ofreciendo la extrema izquierda, a cuento del bochornoso comportamiento de uno de sus iconos, Íñigo Errejón, es simplemente deplorable: todos sus portavoces intentan salvarse de la quema con decisiones tardías, gestos compungidos y una incapacidad manifiesta para justificar su papel en un asunto que amenaza con hacer desaparecer a todos los partidos de esa orilla ideológica radical.

La sensación de que solo actuaron cuando fueron conscientes de que el posible listado de víctimas de agresiones sexuales del portavoz parlamentario de Sumar iba a trascender, se ha extendido como la pólvora y se sustenta en un repaso tranquilo de la secuencia de los hechos.

Desde junio de 2023 conocieron un comportamiento inapropiado de Errejón, consistente en manosear a una mujer presente en un festival musical: insuficiente sin duda para condenarle penalmente, pero válido para activar una investigación interna seria que enlazara con otros polémicos episodios violentos en los que se vio antes implicado el protagonista, como una pelea con un sexagenario, archivada por la Justicia pero indiciaria de algo preocupante.

Lejos de hacer eso, que ni criminaliza ni deja impune a nadie, su partido de origen, Más Madrid, movilizó a una diputada para silenciar a la víctima y la marca nacional que le cobija le nombró portavoz parlamentario.

Es decir, en lugar de poner en marcha los mecanismos que han convertido incluso en ley para el conjunto de los españoles, miraron para otro lado hasta el momento exacto en el que reventó el escándalo: solo entonces movieron ficha, con las mismas pruebas o la ausencia de ellas que quince meses antes enterraron en el olvido.

Si además Podemos le trasladó los hechos a la líder de Sumar, como reveló ayer el partido en un claro intento de debilitar a su rival en el mismo campo político, todas las excusas esgrimidas para escurrir el bulto se caen por su propio peso.

Mirar para otro lado no es un «error», sino una decisión premeditada con la que se quiso esconder algo que, de tener otro protagonista, hubiera provocado acciones legislativas, manifestaciones y una incesante persecución pública.

La hipocresía de la izquierda radical, que manipula causas legítimas para deformarlas y convertirlas en un arma de división social y estigmatización de sus adversarios, ha quedado patente en el comportamiento de todos sus dirigentes, incapaces de llevar a la práctica una mínima parte de la asfixiante doctrina que imponen al resto.

Errejón tendrá que enfrentarse ahora, probablemente, a un duro itinerario judicial y social, del que difícilmente saldrá inmune si se concretan las denuncias, ahora sustentadas en su práctica totalidad en testimonios anónimos que conviene poner en cuarentena, sin duda, pero que están legitimados por su propia espantada al empezar a trascender.

Y sus compañeros y protectores hasta el último segundo deberían dimitir con urgencia: ni Yolanda Díaz, ni Mónica García son dignas de ostentar un cargo público ni un minuto más, tras constatarse su complicidad por acción u omisión con un sinvergüenza que ha quitado la careta a un negocio, el de la ideología de género, hoy mancillado por los abusos y los silencios de quienes vivían de ese cuento.