Imagen de archivo de Yolanda Díaz junto a Iñigo Errejón

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibió un dosier con pruebas sobre un conjunto de relatos de abuso sexual por parte de Íñigo Errejón tan solo una semana antes de que fuera nombrado portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, según cuenta El Debate.

El citado medio publica hoy en exclusiva los detalles del encuentro que Díaz mantuvo con una militante destacada de la formación, próxima a Ada Colau, que fue la persona que se reunió con ella para entregarle la información.

Errejón fue nombrado ‘cara visible’ de Sumar en la Cámara Baja el pasado 30 de enero. De acuerdo a la misma fuente, antes de que se aprobara el nombramiento, una asesora de Comuns, la formación de la vicepresidenta en Cataluña, se puso en contacto con Díaz para solicitarle «una reunión presencial de urgencia». La vicepresidenta aceptó y citó a la asesora, militante del partido, en un local próximo a la calle General Martínez Campos de Madrid. Tal y como explica a este periódico, entregó un conjunto de documentos con el testimonio de militantes que, según su versión, habían sufrido vejaciones en el ámbito sexual por parte de Errejón.

«No reaccionó de ninguna manera. Mantuvo en todo momento una actitud fría. Me dijo que lo tendría que ver con detalle», cuenta a El Debate. La asesora narra cómo le pidió que se pusiera en contacto con las militantes afectadas para tranquilizarlas porque estaban «sufriendo mucho y tremendamente dolidas». Según su testimonio, nunca las llamó. «Me encargué personalmente de verificarlo y las dejaron tiradas», añade. «Para mí lo más sorpresivo fue ver cómo días después del encuentro, a pesar de la gravedad de los hechos, nombró a Errejón portavoz en el Congreso. No me lo podía creer», concluye.

El mismo periódico ha contactado con el gabinete de Díaz para conocer su versión de los hechos y desde su equipo sostienen que no tienen constancia de los hechos y remiten a unas declaraciones públicas de Colau en las que dice que no conocía ningún caso de abuso sexual de Errejón. Tras empezar a conocerse el tsunami de denuncias públicas contra Errejón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su apoyo a la vicepresidenta. «Toda mi condena a quienes atentan contra este proyecto de igualdad. Todo mi apoyo a las mujeres que sufren acoso y abusos. Y toda mi confianza para la vicepresidenta Yolanda Díaz y Sumar, una organización que ha hecho y está haciendo mucho por el progreso de las mujeres», dijo.

Pornografía infantil

No es la primera vez que Yolanda Díaz se enfrenta a acusaciones de encubrimiento en casos similares. En 2007, siendo concejal del Ayuntamiento de Ferrol, dos militantes de Izquierda Unida, el partido donde entonces militaba, detectaron que un asesor de la hoy vicepresidenta llamado Ramiro Santalices estaba consumiendo pornografía infantil en uno de los ordenadores de la sede del partido.

Estos dos militantes se lo comunicaron a Díaz, que se negó a denunciar a Santalices alegando que «debía de ser un virus». Los militantes que alertaron de los hechos, llamados Mercedes Salvatierra y José Loureiro, atónitos, decidieron acudir motu proprio a una comisaría y denunciar los hechos. Cuando Díaz se enteró requisó a toda prisa el ordenador y se lo llevó a su casa. En paralelo a estos hechos, la denuncia policial dio lugar a un procedimiento judicial al que fue llamada a declarar y donde dijo que se llevó el dispositivo porque se lo quería entregar a un perito. La juez que asumió el caso lo acabó archivando porque el ordenador había sido formateado y no se encontró material incriminatorio contra el asesor.

A pesar de contar con estos precedentes, Díaz volvió a contar con Santalices en dos ocasiones más. En 2011 le designó candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Al año siguiente, como no logró entrar a la corporación municipal, aprovechando que ella acababa de tomar posesión como diputada autonómica en Galicia, lo colocó en el Parlamento de Galicia nuevamente como asesor. En 2016, la Policía irrumpió en la cámara gallega y se lo llevó detenido acusado de consumir pornografía infantil en uno de los ordenadores oficiales. El asesor de Díaz fue condenado a un año de prisión, pero nunca llegó a entrar en la cárcel. En su lugar se le prohibió trabajar con menores durante cuatro años y visitar páginas webs donde apareciera niños participando en conductas sexualmente explícitas. La juez también le impuso tres años bajo libertad vigilada.