El Gobierno de Texas puso a disposición de la próxima Administración de Donald Trump un rancho a lo largo de la frontera con México para que sea utilizado como base de las operaciones del programa de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, que prometió durante su campaña, de acuerdo con medios estadounidenses.

La propiedad fue comprada por Texas (suroeste) el mes pasado y se encuentra ubicada en una zona rural del condado de Starr, en Rio Grande Valley.

La oferta fue presentada a Trump mediante una carta enviada por Dawn Buckingham, comisionada de tierras del estado, y que se encuentra fechada el pasado 14 de noviembre.

Según la prensa local, la propuesta está siendo analizada y tomada en cuenta. La comisionada enfatizó que Texas es “un buen socio” para el Gobierno federal y aseguró que está buscando ayudar a la próxima Administración del republicano Donald Trump.

“Mi oficina está totalmente dispuesta a llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, ICE o la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para permitir que se construya una instalación para el procesamiento, detención y coordinación”, dice la carta firmada por Buckingham y retomada por medios estadounidenses.

Según la carta, citada por medios estadounidenses, el terreno consta de unos 1.400 acres (566 hectáreas) y se encuentra junto al Río Bravo. El Gobierno de Texas consideró que el plan de Trump representará “la mayor deportación de criminales violentos en la historia” de Estados Unidos.

El rancho, señaló la funcionaria de Texas, se encuentra “muy bien ubicado”, aunque está en un condado que cuenta con un hospital público y recursos locales limitados. El terreno es de uso agrícola y se producen productos, incluyendo, cebollas, grano, maíz y algodón, según un comunicado de prensa publicado después de la compra.

La posibilidad de la aplicación de una estrategia para deportar a las personas migrantes irregulares que radican en suelo estadounidense se acrecentó el 18 de noviembre de 2024, cuando Trump confirmó que declararía una emergencia nacional para ese fin.

Esto ocurrió después de que Tom Fitton, presidente del grupo conservador Judicial Watch, dijera que el próximo Gobierno republicano se está preparando para usar fuerzas militares en las deportaciones de este grupo, uno de los temas clave de la campaña electoral del exmandatario.
Durante su primer mandato (2017-2021), el magnate declaró el estado de emergencia para redirigir fondos del Pentágono a la construcción de un muro en la frontera con México.