La confirmación desde la UCO de que el fiscal general del Estado tuvo un protagonismo principal en la filtración de las conversaciones privadas de un ciudadano con la Administración judicial, para dañar a su pareja y bestia negra de Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, es de una gravedad extrema y sin precedentes.

Porque es la prueba de algo incompatible con la democracia: la utilización espuria del Estado para derribar a adversarios políticos, algo definitorio de regímenes totalitarios donde todo se pone al servicio de un partido.

La escandalosa constatación de que el fiscal general del Estado se pone al servicio de burdos ajustes de cuentas, más propios de una organización mafiosa que de un Gobierno occidental, rebasa todas las líneas de lo tolerable y obliga a todo demócrata a poner pie en pared y exigir la inmediata dimisión de Álvaro García Ortiz, definido ya más como un sicario político que como un jurista decente.

Pero no llega con eso. Porque a la evidencia de que el fiscal general del Estado traicionó su mandato institucional y su más elemental deontología profesional, se le añade la certeza de que él obedecía las órdenes de Pedro Sánchez, verdadero instigador de esta infamia.

Con o sin la delación de Juan Lobato, líder socialista madrileño que depositó en un notario las pruebas telefónicas de la presión de la Moncloa para implicarle en el montaje, el presidente es el máximo responsable de esta vergüenza inadmisible.

Los escándalos, casos de corrupción y excesos son ya endémicos con un presidente indigno del cargo y peligroso para la democracia, la convivencia y la decencia.