Francisco Paesa, estafador y espía, protagonizó en los años 90 uno de los episodios más estrambóticos relacionados con la corrupción durante la etapa del gobierno de Felipe González. Después de una larga vida dedicada a negocios dedicados a timar incluso a dirigentes internacionales y al espionaje internacional, se involucró en uno de los casos más escandalosos de aquella época, como fué el del entonces Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán, a quien delató a la justicia española por el precio de un millón de libras esterlinas, es decir más de 244 millones de pesetas.

Traigo esto a colación a raíz de los últimos acontecimientos protagonizados por el igualmente famoso, Victor Aldama, empresario, estafador o comisionista y al parecer involucrado también en labores de espionaje que han sido reconocidos con una condecoración por los brillantes servicios prestados a la Guardia Civil. Mis queridos lectores, podrán disentir o no, pero creo que no es nada difícil encontrar un paralelismo entre estos dos personajes que después de treinta años, si hubieran coincidido durante su lucratividad actividad delictiva, se les podría haber conocido como Rinconete y Cortadillo, personajes cervantinos dedicados al robo y pillaje.

Si la infamante actividad de Luis Roldán, que tanto escandalizó a la sociedad española por la mancha que arrojó sobre el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, supuso el principio del fin del gobierno socialista de Felipe González, nada me extrañaría que todo el cúmulo de corrupciones que Víctor de Aldama ha descubierto en su impactante declaración judicial, en la que se implica directamente a miembros del Gobierno y a su Presidente, pudiera suponer también la caída libre del protagonista de la etapa más destructiva y corrosiva de la democracia que se instauró en España después del régimen de Franco.

Cicerón sostenía que “servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”, lo dramático es que nada parece haber cambiado desde aquellos ya lejanos tiempos. Cuando la sociedad española y especialmente la valenciana, se está sobreponiendo de la última tragedia que ha sufrido por las inundaciones, resulta criminal, abominable y profundamente injusto que el gran debate político gire alrededor de la corrupción y de los millones de euros que hayan podido ir a parar a los bolsillos de ministros y dirigentes políticos fruto de su abusiva e inmoral conducta.

El problema y la diferencia es que la corrupción de este Gobierno ha contaminado a todas las instituciones por el afán totalitario de su Presidente y lo que es peor aún al mismo sistema democrático con el riesgo añadido de su desestabilización: “El déspota busca siempre el medio de destruir las instituciones, para lo cual le basta con someterlas a su voluntad”. Estas palabras del insigne diplomático y escritor Salvador de Madariaga describen con toda claridad el preocupante momento por el que atraviesa nuestra democracia.

Es la sociedad en su conjunto quien debe rebelarse y comprometerse personal y colectivamente en combatir y erradicar el mal corrosivo de la corrupción moral y económica que nos invade. El Papa Francisco, tan visitado y admirado por algunos/as miembros del Gobierno,lo recuerda en una de sus alocuciones: “La corrupción es una de las heridas más lacerantes del tejido social, porque lo perjudica gravemente tanto desde un punto de vista ético como económico…menoscabando la confianza, la transparencia y la fiabilidad de todo el sistema”