Ignacio Pozo*.- Como si no hubiera bastante agitación social y política, en los últimos días se ha vuelto a convulsionar con la posible inclusión de las mutualidades en el Servicio Público Sanitario. Así es, el fin del concierto económico mutuas-Gobierno infiere como catalizador de su desaparición tras el fracaso del intento de su ampliación del concierto sanitario a tres años, en el que previsiblemente comenzará su fin. Así, la primera en anunciar que dejará de prestar sus servicios a los mutualistas de Muface ha sido Asisa, y lo hará el próximo 31 de enero.

Pero, además DKW, la tercera en participar en el concierto tampoco asegura su continuación, y así lo han hecho saber al ministro Óscar López, que si desea mantener Muface y evitar elevar la presión a la Seguridad Social frente a la petición del Ministerio de Sanidad, que pone una vez más de manifiesto las dos formas de gobernar de los partidos de izquierdas que integran la coalición de gobierno; ya que desmantelar el modelo privado en el plazo de nueve meses, y trasvasar a toda la población mutualista a la sanidad pública, supone añadir a los servicios púbicos sanitarios en torno a a 1.573.382 entre titulares (1.143.162) y beneficiarios (430.220) con todos las consecuencias nocivas que ello supone.

Las mutualidades españolas son algo consustancial a nuestra historia sanitaria y de sus prestaciones sociales. Nos resultaría sorprendente conocer que el origen de las mutualidades se encuentra en las cofradías de pescadores del siglo XVIII, y que fue en 1941 cuando se dictó la primera Ley de Mutualidades basada en una ley de la Cataluña republicana de 1934. Fue por 1975, y con las reformas políticas que ya se estaban barruntando, cuando se crean las mutualidades de funcionario (MUFACE) , la de las fuerzas armadas (ISFAS) y las de los jueces (MUJEJU) con la idea de “diferenciar” a los trabajadores del estado frente al resto, y no hay que olvidar que muchas de las empresas hospitalarias y farmacéuticas se vinculaban a los incipientes partidos políticos catalanes, que fueron los que se llevaron gran parte del pastel económico.

Como ya se ha mencionado, las razones por las que no hay acuerdo entre Gobierno y mutuas son económicas; mientras que las aseguradoras indican que sus servicios sólo son viables con una subida de primas del 40%; el Gobierno, por su parte, sólo ofrecía un incremento del 17,12%, la diferencia es sustancial, y es que las compañías argumentan que las condiciones del ejecutivo condenan a pérdidas millonarias, haciendo inviable el negocio.

De llegar a esa unificación del Sistema Publio Sanitario crearía un problema a las comunidades autónomas de mayor población, curiosamente las dirigidas por los populares Ayuso o Moreno Bonilla.

Siguiendo con este hilo anterior, el plan de la ministra de Sanidad de acabar con Muface no tendria un sentido médico ni sanitario, sino político, porque además de la ideología esta la estrategia electoral, y algunos partidos políticos, al parecer, no les importar el resultado social cundo hay redito político.

En el caso de Granada, con un importante peso de funcionarios de la administración, la desaparición de MUFACE llevaría a la sanidad pública a más de 45.000 personas, una situación que ven con especial preocupación los agentes sanitarios, que cifran en 200 médicos y 700 profesionales de enfermería las carencias profesionales en la provincia desde 2021.

*Abogado