LR. – Hay nervios, un declarado estado de pánico en el Gobierno y en el PSOE. Debe estar sometida y presa de una angustia excepcional para que a María Jesús Montero no se le ocurriera algo mejor para desviar la atención que tachar de «golpista» a Núñez Feijóo. Sobran las razones para esa turbación general que fue indisimulable en la apertura del Congreso Federal de Sevilla. Era lógico aguardar con inquietud y temor a la comparecencia de Juan Lobato en el Tribunal Supremo sobre la filtración de documentos confidenciales de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso en su contencioso con Hacienda desde Moncloa.

Se preocupó de levantar acta notarial por el significativo carácter irregular de la maniobra. El antiguo barón socialista conocía que había conservado una bomba política y jurídica y el linchamiento ordenado desde Moncloa inclinó la balanza hacia la colaboración con la Justicia. La secuencia de los mensajes entregados al magistrado Ángel Luis Hurtado constituye la prueba irrefutable de al menos la comisión de un delito cuya autoría debe ser objeto de la investigación, pero que apunta nítidamente a estrechos colaboradores de Pedro Sánchez.

El intercambio de WhatsApp con la que fuera jefa de gabinete del hoy ministro y entonces mano derecha del presidente, Óscar López, Pilar Sánchez Acera, demuestra sin género de duda alguna que Moncloa le envió a Lobato el documento confidencial sobre la pareja de Díaz Ayuso más de media hora antes de que se publicara en una de las terminales mediáticas del sanchismo y que por lo tanto se vulneró el secreto que protegía las comunicaciones entre abogado y fiscal para un acuerdo de conformidad.

El penúltimo golpe de la guerra sucia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid se planificó y se ejecutó desde Moncloa. Ya no se trata de una conjetura, sino de una evidencia. Todos los escenarios deben ser contemplados en cuanto al porvenir judicial de los implicados en la enésima trama de corrupción política. Sin duda, Óscar López y Sánchez Acera aparecen como los primeros de la lista y su probable imputación supone una opción realista y cierta.

A nuestro juicio, que toda esta operación pudiera ejecutarse sin conocimiento ni autorización de la cúpula del Gobierno y del partido resulta inverosímil. En todo caso, el magistrado Hurtado decidirá como en todo estado garantista que respeta además la presunción de inocencia. El testimonio de cargo, con pruebas incontrovertibles, que se reforzarán con el contenido del móvil entregado por Lobato, apunta a un horizonte en los tribunales de máxima gravedad que provocaría un seísmo en cualquier democracia sana. El sanchismo no asumirá responsabilidades y se escudará en la narrativa del fango, la mentira y desde ayer el carácter golpista del PP.

El régimen autocrático no conoce límites legales ni frenos morales. Arrastra a la nación a un territorio ignoto convertido en una amenaza para los españoles. Su estrategia ya no es el poder por el poder, sino como baluarte para no responder ante la Justicia y el pueblo. El final no será honorable ni plácido.