Antonio R. Naranjo (R) . – La operación urdida desde La Moncloa contra Ayuso es uno de los episodios más graves y peligrosos de los que existe huella desde la Transición. Aunque las tragaderas de los seguidores de Sánchez son tan anchas como para vitorear a Chaves, Griñán, Begoña y por poco a Tito Berni y Koldo García en el Concilio de la Iglesia de la Revelación Sanchista que fue su congreso sevillano, los hechos no admiten dudas.

Por mucho que, en connivencia con la secta que ya es el PSOE, los medios y periodistas convertidos en feligreses intenten ayudar a taparlos o minimizarlos, con recompensas tan pornográficas como el nombramiento de una de una de las ejecutoras del intento de ayusicidio para el Consejo de RTVE.

El Gabinete del Presidente del Gobierno recibió de la Fiscalía General del Estado, pues no puede ser el otro el origen, un documento privado de un ciudadano corriente, protegido por la Ley y de obligatoria salvaguardia judicial, y lo utilizó mafiosamente para intentar destruir a un adversario político.

No hay que dejarse engañar por la tinta de calamar esparcida, una vez más, por la impúdica legión de pretorianos que anteponen sus intereses económicos y su sectarismo político a la más elemental decencia: no es relevante que tal o cual periódico o emisora publicara mucho o poco del documento antes de que le llegara a Juan Lobato; lo sustantivo es que al depuesto líder socialista madrileña le llegó desde La Moncloa el original con las conversaciones entre la Fiscalía y la defensa del novio de Ayuso, con instrucciones para su explotación en público contra la presidenta de la Comunidad de Madrid al objeto de derribarla.

El episodio no se limita a una segundona del gabinete de un segundón, meras herramientas operativas de quien obviamente dio las órdenes para perpetrar un ajuste de cuentas mafioso, con la complicidad previa de un Fiscal General del Estado convertido en sicario para la ocasión, un papel que solo puede recaer en Pedro Sánchez: nadie osaría desarrollar una campaña tan obscena e ilegal sin el permiso del presidente, como ningún Luca Brasi de El Padrino ejecutaba un trabajo sucio sin las órdenes oportunas.

Por delictivo que fuera el comportamiento fiscal del tal González Amador e hiriente la manipulación de los hechos intentada por Miguel Ángel Rodríguez para transformar una petición de pacto del acusado en una oferta exculpatoria de la Fiscalía; nada justifica el uso espurio del propio Estado para planificar la ejecución pública de un adversario, saltándose la Ley y sirviéndose de poderes previstos para impedir esos abusos, nunca para cometerlos con impunidad.

Lo que ha hecho Sánchez no se diferencia nada de lo que hace Maduro en Venezuela, blanqueando sus atracos dictatoriales por el método de obligar a legalizarlos a instituciones copadas de adeptos. Y tampoco se distingue de las costumbres sicilianas de enviar cabezas de caballo a quienes no tragan con sus chanchullos y, simplemente, deben ser eliminados.

Que la persecución de un contrincante se haga desde el Estado, hoy con la Fiscalía y quién sabe si mañana con la Agencia Tributaria o la Policía Nacional, no es un salto cualitativo en las andanzas de un presidente convencido de que las instituciones están por debajo del partido y el partido por debajo de él, como en todos los regímenes totalitarios, sino la confirmación de que Sánchez es un peligro para la democracia, la convivencia y la libertad.

La lista de barbaridades cometidas por Sánchez ya era inmensa antes de este bochorno, pues su mera existencia se ha edificado desde la trampa, el atajo, el cambalache y la ruptura sistemática de las reglas del juego, pero alcanza el clímax con un acoso más propio de una organización criminal que ha logrado infiltrarse en el Estado, ocupar sus instituciones, situar al frente de cada una de ellas a un pistolero y sentirse con el derecho a disparar gracias a un inexistente permiso de armas.

Esto no es un Gobierno: es la Ndrangheta calabresa.