Un antiguo responsable de la Guardia Civil del puerto de Valencia, Jesús F.B., ha sido detenido en una operación contra el narcotráfico desarrollada por Asuntos Internos, dirigida por la Audiencia Nacional y que permanece bajo secreto.

Según ha adelantado OKdiario y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, al detenido, que aún no ha sido puesto a disposición judicial, se le atribuyen delitos de tráfico de drogas, cohecho, blanqueo, organización criminal y omisión del deber de perseguir delito.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que el detenido estuvo destinado en el puerto de Valencia desde 2014 a mayo de 2024, cuando ascendió a capitán y estaba pendiente de destino.

Además de la detención, agentes de Asuntos Internos han procedido al registro de las propiedades del detenido: un piso en Valencia y un chalet en la localidad de Cullera, donde han sido inspeccionadas con excavadoras una fosa séptica y la piscina.

Además han introducido un radar, un geolocalizador, palas y cámaras para proceder al registro de los inmuebles, y también han sido autorizados registros en las taquillas de este mando de la Guardia Civil.

Según las fuentes consultadas por Efe, la Fiscalía Antidroga ha auspiciado esta detención con la presentación de una querella, que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Francisco de Jorge.

Es el mismo juez que investiga también por narcotráfico al exjefe de Delitos Económicos de la Brigada provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, Óscar S.G., que escondía 20 millones de euros en las paredes de su domicilio, si bien se trata de dos operaciones diferentes.

El puerto de Valencia es el principal muelle de entrada de cocaína en España y el tercero en Europa, tras los de Amberes (Bélgica) y Rotterdam (Holanda), con la intervención en 2022 de 26 contenedores que guardaban un total de 11.564 kilos de esa sustancia estupefaciente.

Y, como apuntó hace un año, la fiscal jefa antidroga, Ana Morán, “es difícil introducir droga” por un puerto como el valenciano “sin colaboración”, por lo que las fiscalías especializadas centran sus esfuerzos en impedir que “el dinero de la droga” corrompa a funcionarios o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.