Yarisley Urrutia.- La empresa Navantia construye para Arabia Saudita 3 corbetas con elementos de diseño conjunto. El encargo se suscribió en Riad al poco de que el Gobierno español permitiera a la compañía saudí STC aumentar su presencia estratégica en Telefónica y garantizarse así un puesto en el Consejo de Administración. La alianza de bloques favoreció la presión.

La empresa pública española de construcción naval, Navantia, firmó un nuevo contrato con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita para acometer el diseño y construcción de tres nuevas corbetas para su Marina militar. Se trata de tres nuevas unidades de la clase Avante 2200, un tipo de buque del que unas cinco ya fueron entregadas entre 2018 y 2022.

No se informa de la cuantía de la operación. Pero atendiendo al costo de las primeras cinco corbetas, se puede inferir que el monto de las tres nuevas superará los 1.000 millones de euros. Está previsto que la construcción de la última unidad culmine en 2028. Navantia acometerá íntegramente la primera, pero las otras dos se completarán en Arabia Saudita, donde se instalará y probará el nuevo sistema de combate integrado.

El contrato incluye el “suministro de apoyo logístico y la formación de las tripulaciones, junto con un periodo de evaluación operativa de los buques por parte de la Armada en la base naval de Rota”, informó Navantia, que además formará a un centenar de ingenieros saudíes. Se espera un impacto positivo en el empleo, con la creación de hasta 2.000 puestos de trabajo, directos e indirectos en la bahía de Cádiz.

Las corbetas de clase Avante 2200 son barcos de 104 metros de eslora armados con cañones de 76 y 35 mm, ametralladoras de 12,7 mm, tubos lanzatorpedos, y sistemas misilísticos tierra-aire y de superficie. Embarca un helicóptero de hasta 10 toneladas y cuenta con el sistema de combate Hazem, desarrollado por la joint venture SAMINavantia, que integra el armamento de a bordo, los radares y el sónar, los sensores de guerra radioelectrónica, los sistemas de contramedidas y los datos tácticos.

Se trata de buques polivalentes aptos para la vigilancia y control del tráfico marítimo, así como para las misiones de búsqueda, rescate y asistencia a otras naves. Muy fuertemente armadas en comparación con barcos de similar eslora y tonelaje, son corbetas con capacidad de combate antisubmarina, antiaérea, antisuperficie y de guerra radioelectrónica.

¿Una compra condicionada?

Arabia Saudita, principal comprador de material armamentístico español, venía retrasando desde noviembre de 2022 la firma de un acuerdo para adquirir cuatro buques multipropósito y una sexta corbeta por unos 2.000 millones de euros. Finalmente, el acuerdo se limitó a las tres corbetas referidas.

Su suscripción tuvo lugar el 11 de diciembre en Riad en presencia del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. Por la parte árabe destacó el ministro adjunto de Defensa para Asuntos Ejecutivos de Arabia Saudita, Khaled Al Biyari. Se da la circunstancia de que Al Biyari es un consejero clave (anteriormente fue consejero delegado) de Saudi Telecom (STC), la mayor operadora de telecomunicaciones de Oriente Medio y una de las compañías extranjeras que ostenta un paquete accionarial de importancia en Telefónica, la principal empresa de telecomunicaciones de España.

¿Qué pudo obrar que por fin se firmara el contrato? Apenas dos semanas antes, el 28 de noviembre, el Gobierno de España autorizó que STC aumentara su presencia en Telefónica del 4,9% al 9,97%. Tal incremento otorga a la compañía saudí el derecho a solicitar un asiento en el Consejo de Administración de la empresa, definida por la anterior ministra de Economía, Nadia Calviño (ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones) como “la empresa más estratégica de España”.

Según manifestó el actual ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, al término del Consejo de Ministros donde se autorizó la operación, la decisión se tomó en vista del cumplimiento de “elementos tan importantes como asegurar el interés nacional en materia de defensa”. El titular rehusó dar “más detalles con respecto a las condiciones específicas” de la intervención.

Compañía centenaria, Telefónica fue privatizada en 1997 por decisión del Gobierno de José María Aznar, cuando el Estado español vendió su participación mayoritaria a actores privados del mercado. En la actualidad, junto a STC, los accionistas mayoritarios son Criteria-Caixa y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI, un ente público), ambos con un 10%. Otros accionistas de importancia son el banco BBVA, con el 4,93% de las acciones, y el fondo Blackrock (3,1%).

El interés nacional

La vuelta de una presencia estatal en Telefónica mediante la entrada de SEPI en mayo de 2024 estuvo motivada precisamente por los recelos que suscitó en 2023 la primera incursión de STC en el accionariado. Dado que STC supera ahora la cota del 6% que da derecho a tener un consejero en el Consejo de Administración, el Gobierno se abre a incrementar hasta el 12% las acciones de SEPI, pues abre la vía a tener un segundo consejero.

Es una situación que contrasta con la reticencia de los últimos Gobiernos españoles a recuperar antiguas empresas públicas para el Estado. ¿La salvaguarda de los intereses nacionales y estratégicos puede obrar un cambio?

“El concepto de seguridad nacional es muy laxo y depende de quién entre en los consejos de administración, aunque es evidente que la presencia de una potencia extranjera, sea o no sea amiga, no es lo más apropiado para la seguridad nacional”, explica el historiador José Miguel Villarroya, que aboga por no dejar entrar a ningún elemento privado, “ni nacional ni extranjero” en la dirección de empresas estratégicas.

“Se tocan temas sensibles que deberían estar en manos única y exclusivamente del Estado. Pero en el sistema en que vivimos lo importante es el dinero, los negocios, hacer negocios con los amigos. Por tanto, estos temas quedan en un segundo plano”, lamenta.

En un contexto de nueva Guerra Fría, pero desprovista del componente ideológico, la política de bloques atiende a una lógica más ecléctica que no termina de clarificar si un Estado extranjero puede representar una amenaza para los intereses nacionales.

“Un ejemplo de ello es Arabia Saudita, un país que forma parte del legado imperial británico y que ha sobrevivido bajo el paraguas de seguridad de EEUU”, pero que ahora también está en los BRICS, según la socióloga Nahia Sanzo, analista de GeopolitikaZ, un grupo de investigación multidisciplinar del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), entrevistada por Sputnik.

A su juicio, el apoyo estadounidense a Arabia Saudita, sobre todo político, “supone una forma de abrir puertas que sería imposible para otros países”. El resultado es que los supuestos valores occidentales quedan reducidos a “retórica vacía” cuando las relaciones geopolíticas y comerciales se cruzan. “Porque sería imposible la entrada de países miembros de bloques oponentes en empresas estratégicas occidentales”, explica Sanzo.

Entendida esa influencia estadounidense en Occidente como un poder omnímodo e insalvable, puede deducirse la impotencia de los poderes democráticos. “El Gobierno dijo que no los iban a dejar entrar en Telefónica porque podían tener acceso a datos sensibles en temas de defensa y seguridad nacional. Pero al final entran. Y lo hacen porque en el Gobierno están al servicio de los que mandan, no de la gente y del interés nacional”, conviene Villarroya.

Y, sin embargo, ¿un signo del ascenso del sur global?

Las reticencias iniciales del Gobierno de Pedro Sánchez a la entrada de los saudíes en la compañía española estratégica por antonomasia, es también “una prueba del aumento del peso del sur global y de toda una serie de potencias emergentes que ya no pueden ser ignoradas”, asegura Sanzo.

En un contexto de inseguridad energética europea y de convulsión en Oriente Medio, la necesidad de aumentar la relación comercial con unos países árabes de influencia “en alza” en medio del decaimiento europeo, es también un factor de presión que ha jugado a favor de Arabia Saudita en su trato con España. El doble tanto que se ha apuntado Riad en Madrid ilustra igualmente “su proyección de poder”.

Y un gol por toda la escuadra

Aunque ajena al modelo y valores que representa el Occidente colectivo, a Arabia Saudita se le concede toda la admisibilidad en Europa a la hora de hacer negocios y emprender eventos de gran envergadura.

Al día siguiente de firmarse el contrato entre Navantia y el Ministerio de Defensa saudí, la FIFA anunció oficialmente que el Mundial de fútbol de 2030 se disputará simultáneamente en España, Portugal y Marruecos. Y también confirmó que el de 2034 se celebrará íntegramente en Arabia Saudita. La noticia culmina una serie de actos de gran calado deportivo en el país, como la compra de equipos de fútbol, la atracción de grandes estrellas para su liga interna, o la organización de eventos de fútbol, Fórmula 1, tenis, golf, boxeo y otros deportes.

“Pasa igual que con el Mundial de Catar. Hay negocio, Arabia Saudita tiene mucho dinero y la FIFA no se mueve por otra cosa”, asume Villarroya, que asegura que el máximo organismo del fútbol mundial volverá a obviar todas las dudas y temores. Las condiciones climáticas obligarán a un cambio en el calendario de competición que “paralizará en otoño todo aquí para que se juegue allí”, asume.

“El dinero compra voluntades, pero no siempre es suficiente”, apunta Sanzo. “El potencial económico tiene que estar acompañado por las alianzas geopolíticas correctas para lograr concesiones de eventos políticos y culturales importantes, acceder a determinados mercados de armas y conseguir representantes en consejos de administración de empresas estratégicas en países extranjeros sin que esa presencia sea considerada una injerencia inaceptable”, concluye, en alusión al padrinazgo estadounidense de Arabia Saudita.