Las Danas y los cambios climáticos: una merienda de negros
Enrique Ortega Gironés.- Desde que se tienen noticias, el clima mediterráneo se ha caracterizado por la irregularidad y violencia de sus lluvias. En los albores del primer milenio, ya hubo emperadores romanos como Augusto, Claudio o Trajano, que, preocupados por las devastadoras consecuencias de las riadas, realizaron obras públicas para prevenir sus consecuencias. El litoral costero valenciano es un claro exponente de esta situación, habiendo sido testigo a lo largo de los siglos de numerosas inundaciones de catastróficas consecuencias. No existe un registro completo y detallado de las mismas, y cuanto más retrocedemos en el tiempo, más confusas e imprecisas son las noticias que nos han llegado sobre ellas, aunque existen evidencias geológicas (en realidad, toda la llanura costera valenciana representa una acumulación de sedimentos de este tipo de episodios) y arqueológicas que constatan su pasada existencia.
Es a partir del siglo XIV cuando se empieza a disponer de una información más detallada, estando registrada como promedio una frecuencia de casi cuatro riadas por siglo, con una insistencia que no guarda ninguna correlación con el cambio climático, tal y como ha detallado recientemente un comunicado de la Asociación de Realista Climáticos.
Atendiendo a esta larga tradición de lluvias torrenciales y riadas, es evidente que las inundaciones del pasado 29 de octubre 2024, como ocurre con otras fuerzas de la naturaleza, eran inevitables, pero previsibles y mitigables. Y ante la certeza de que harían acto de presencia tarde o temprano, del mismo modo que volverán a aparecer en el futuro, cabe preguntarse ¿qué han hecho las autoridades durante las últimas décadas para intentar minimizar los impactos de las imparables fuerzas de la naturaleza?
Dejando aparte las obras romanas, árabes y algunas pequeñas presas erigidas antes del siglo XIX, la construcción de los grandes embalses se inició a principios del siglo XX, teniendo un impulso definitivo a partir de los años 50, construyéndose varios cientos de embalses, una política hidráulica que no ha tenido continuidad desde la instauración de nuestra democracia.
Dejando aparte la etapa de la transición, a lo largo de cinco últimas décadas, las responsabilidades de gobierno han sido alternantes entre los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, tanto en el gobierno central como en el autonómico de la Comunidad Valenciana. Para analizar con perspectiva suficiente lo ocurrido en el Barranco del Poyo y en la Huerta Sur de Valencia, es imprescindible revisar la gestión que ambos partidos han desarrollado sobre esta problemática específica, tanto a nivel nacional como autonómico y municipal.
El primer intento para detectar y preservar las áreas inundables en la zona afectada por la reciente DANA tuvo lugar en 1987, gracias al gobierno autonómico del PSOE y a través del Consejo Metropolitano de la Huerta, entidad que fue posteriormente disuelta por el PP después de llegar al poder en 1995. Este mismo partido se mantuvo en el poder autonómico hasta 2015, desarrollando las siguientes actividades:
– Proyecto para adaptar los cauces de los barrancos del Poyo, Torrent, Chiva y Pozalet (1996), que fue muy protestado por razones medioambientales, siendo finalmente frenado por la Comisión Europea
-/Mapa Regional de Riesgo de Inundación (1997), que supuestamente, debía ser de obligada consulta en la redacción de los planes urbanísticos y territoriales.
– Plan Global de prevención de las inundaciones del Júcar (2000), que preveía la construcción de tres presas para controlar las áreas de riesgo que no estaban cubiertas por las presas ya existentes de Tous, Bellús y Forata.
El gobierno central, correligionario con el gobierno autonómico del PP, elabora un Plan Hidrológico Nacional (2001) que contemplaba el trasvase del Ebro y también , en uno de sus anexos, la construcción de una presa en el Barranco del Poyo, aguas arriba de Cheste. Este Plan fue derogado cuatro años más tarde, en 2005, después del acceso del PSOE al gobierno nacional.
En 2003, la Generalitat aprobó el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). Durante el intervalo transcurrido entre 2004 y 2011, mientras los gobiernos central y autonómico estuvieron dirigidos por fuerzas políticas rivales, la ejecución de dicho plan no se vio favorecida por la cooperación entre las instituciones de ambas administraciones y varios proyectos, entre ellos el Estudio para la Defensa Integral contra avenidas de la Rambla del Poyo, así como la adecuación ambiental y drenaje de esa misma cuenca hacia la Albufera, nunca fueron ejecutados.
Entre 2011 y 2015, el PP alcanzó simultáneamente el poder central y autonómico, pero esa situación favorable tampoco fue aprovechada para la ejecución de las obras proyectadas. Esa hegemonía fue rota en 2015, con la llegada del PSOE al poder autonómico, y tres años más tarde, en 2018, con el retorno del PSOE al gobierno central, se estableció un nuevo periodo de homogeneidad política entre la administración central y la autonómica de la Comunidad Valenciana, que se mantuvo hasta mediados de 2023. Sin embargo, esa circunstancia tampoco fue aprovechada para ejecutar las obras pendientes. Al contrario, a nivel nacional prevaleció la demolición de barreras fluviales sobre la construcción de nuevos embalses. Y, además, la realización de obras en el Barranco del Poyo fue dificultada por la oposición de algunos alcaldes de los municipios afectados y por la Ley de Protección de la Huerta, aprobada por el gobierno autonómico del PSOE.
Cuando en octubre de 2024 sobrevino la terrorífica DANA que se llevó por delante más de doscientas vidas, las obras previstas desde dos décadas antes no habían sido ejecutadas, ni tampoco las condiciones de inundabilidad habían sido respetadas. Sin embargo, se ha invocado de inmediato al comodín que sirve para todo, el cambio climático.
La serie de decisiones anteriormente descritas como la anulación de prescripciones de gobiernos anteriores, la injustificable lentitud en decisiones que debieran haber sido inaplazables o simplemente el mirar pasivamente hacia otro lado, induce a sospechar que la rivalidad política, las diferencias ideológicas y el fanatismo ecológico han primado sobre la seguridad de la población.
No deja de ser sorprendente que esa rivalidad desaparezca ante otros intereses. Así, en 2017, ocho municipios hoy gravemente afectados por la DANA y en aquellos momentos gobernados por el PSOE y el PP, adoptaron posturas similares y litigaron con la Confederación Hidrográfica del Júcar para reducir la superficie de suelo inundable. Afortunadamente, el Tribunal Supremo mantuvo los criterios de la Confederación, y gracias a ello las consecuencias de la reciente riada del 2004 no han sido aún más catastróficas.
Como colofón a tanto despropósito, en noviembre de 2024, cuando aún se estaba limpiando el barro en las localidades afectadas, la responsable del ministerio que ha abogado por la destrucción de presas en lugar de construirlas, acaba de ser nombrada vicepresidenta de la Unión Europea. Y, para más inri, el acceso a dicho cargo ha sido posible gracias a los votos del PP europeo.
Ante estas piruetas políticas, cabe preguntarse cuáles son los verdaderos motivos que hay detrás de las decisiones de los representantes elegidos con nuestros votos, tanto locales y autonómicos, como nacionales o europeos. ¿Lo hacen pensando en los intereses de los ciudadanos que representan o en sus propios intereses? Si Lope de Vega hubiese vivido en el siglo XXI y Fuenteovejuna hubiese estado en la Huerta Sur valenciana, quizás hubiese invertido el sentido de sus versos para decir: ¿Quién mató a Fuenteovejuna? ¡Los gobernantes a una! Por eso, la expresión que figura en el encabezamiento de este artículo, merienda de negros (según la RAE, situación donde reina la confusión, el desorden y que nadie entiende) parece perfectamente aplicable a los tejemanejes entre partidos. Pero en este caso, no debe considerarse este aforismo como denigrante o despreciativo hacia los africanos, sino hacia nuestros incalificables políticos.
*Geólogo