El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asistía «desencajado» a la inédita entrada y registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su despacho, el pasado día 30 de octubre, para incautarse de sus dispositivos electrónicos, a petición del Supremo, en el marco de la causa en la que está imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Dos meses después, los agentes confirmaban al juez instructor, el magistrado Ángel Hurtado, en un oficio adelantado en primicia por El Debate, que el mismo día de la actuación policial se había «borrado todo» el contenido del móvil de García Ortiz, relativo a «cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea».

Entre ambas escenas, el volcado del terminal de la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, autora de la nota de prensa que difundió datos confidenciales del novio de Isabel Díazs Ayuso, que sí arrojaba íntegras las conversaciones de Whatsapp mantenidas con su máximo responsable institucional, en relación al asunto, en las que éste le pedía recibir toda la información en un mail personal; y, la declaración de un fiscal del Supremo, Salvador Viada, que confirmó ante el juez Hurtado haber visto a García Ortiz manipular un teléfono, durante el registro, en compañía de su número dos la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde.

Así las cosas, el magistrado que instruye la causa contará con «cero mensajes [del fiscal general] pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado», entre el 8 y el 14 de marzo, para esclarecer su grado de responsabilidad penal en la presunta filtración de datos judiciales y fiscales reservados de la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador.

Pero, a cambio, ha sumado un indicio incriminatorio más en contra del máximo titular del Ministerio Público que, con este escenario, habría buscado actuar de cortafuegos del Gobierno en un caso que ya apunta, por otros cauces fehacientes, a un supuesto plan orquestado entre Moncloa y Ferraz para desgastar política y personalmente a Díaz Ayuso, talón de Aquiles de Pedro Sánchez.

Tras conocerse la noticia del borrado, la Fiscalía se apresuraba a explicar que, por razones de seguridad, ante la posibilidad de robo o pérdida, y de acuerdo con una instrucción del año 2019, se aconsejaba a los miembros de la institución la eliminación periódica de los datos almacenados en sus teléfonos móviles.

Sin embargo, a la vista de que la otra imputada en la causa, la fiscal Rodríguez sí conservó las comunicaciones del caso intactas, cabrían dos posibilidades más: la eliminación intencionada de lo que no interesa que se conozca o un cambio de terminal –que se produjo– a uno nuevo y distinto del utilizado durante los días señalados por el magistrado para las pesquisas, en el que se insertó la SIM y que no importó dato alguno de ninguna cuenta. Es decir, un número reiniciado sin recurrir a la copia o a la transferencia de datos que, en último término, no habría dejado rastro de lo investigado.