Si todavía quedaba algún margen para la sorpresa en la causa por la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmaban al juez instructor la obtención de «cero mensajes» encontrados en el móvil incautado al titular del Ministerio Público durante la entrada y registro de su despacho, el pasado día 30 de octubre.

Tal y como reveló El Debate en primicia, tras levantarse el secreto de sumario de las actuaciones policiales ordenadas por el magistrado Ángel Hurtado, los técnicos de la UCO remitían un informe en el que se hacía constar el «borrado» de todo el contenido de la mensajería instantánea, en esencia de la aplicación de WhatsApp, del terminal.

Sin embargo, lejos de favorecer la posición procesal de García Ortiz, la noticia habría sumado un indicio incriminatorio más —y «bastante cualificado», según apuntan algunas fuentes consultadas por este diario— en contra del máximo titular del Ministerio Público. No en vano, el fiscal general era consciente de que el cerco se estrechaba, cada vez más, sobre el origen de las filtraciones y las personas que tuvieron acceso al mail confidencial del que, también, Moncloa tuvo conocimiento antes de su publicación en los medios.

Quizás, por ello, García Ortiz decidió, presuntamente, entregar el día del registro de la UCO un terminal antiguo que fue formateado —según arguye la Fiscalía por cuestiones de seguridad—, por lo que varias de las acusaciones personadas han instado al juez para que solicite copias de seguridad de los mensajes eliminados.

Las partes consideran «inverosímil» que no hubiese ninguna comunicación en la semana clave de la filtración, entre el 8 y el 14 del mes de marzo, entre otras evidencias porque los investigadores sí rescataron una buena parte de ellas tras ordeñar el móvil de la otra fiscal imputada en la causa, la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Las evidencias apuntan a que García Ortiz buscó actuar como «cortafuegos del Gobierno» en el supuesto plan orquestado entre Moncloa y Ferraz para desgastar a Díaz Ayuso

De hecho, es lo obtenido del ordeñado del móvil de Rodríguez lo que más complica la situación procesal de García Ortiz. No en vano, el resultado de las pesquisas practicadas por la UCO en dicho terminal llevaron a los agentes a concluir, a lo largo de un informe de 57 páginas que, el día 2 de febrero de este mismo año, a partir de la primera publicación sobre el asunto del empresario Alberto González Amador, se produjeron «múltiples comunicaciones» entre distintos estamentos del Ministerio Público, a nivel provincial, autonómico y desde la propia Fiscalía en la que el fiscal general tuvo un «papel preeminente».

Se trataba de «cerrar el círculo» y tener material con el que desvirtuar las informaciones lanzadas por el jefe del gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid (CAM), sobre el acuerdo que el Ministerio Público habría ofrecido a González Amador, investigado en un proceso tributario.

En las mismas, es determinante el papel desarrollado por el propio titular de la institución «Álvaro García Ortiz» que, desde un primer momento, cuando la maquinaria se puso en marcha, «empezó a repartir órdenes» orientadas a obtener, con «una cierta urgencia», los datos completos del expediente judicial del empresario madrileño que, más tarde, verían la luz y que, además, llegaron a manos de altos cargos de Moncloa que, a su vez, los proporcionaron al ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.

También este tercer teléfono, el de Lobato, requisado por el juez Hurtado a petición del abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ponía sobre la mesa del magistrado instructor la existencia de una presunta trama de Moncloa, orquestada para filtrar «el documento secreto del novio de Ayuso».

La cuestionable afinidad de la ‘dos’ y fiscal del caso con el investigado

A todo lo anterior se suma el hecho de que, en el último auto de continuidad de las acusaciones populares personadas en el procedimiento, que fue notificado a las partes del pasado día 6 de diciembre, el magistrado propinó un sonoro varapalo al papel de la Fiscalía en la causa. En especial, en lo relativo a la figura de la número dos de García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, quien, pese a ser la subordinada directa del imputado, se ha hecho cargo del papel del Ministerio Público.

No en vano, el juez Hurtado argumentaba la importancia de que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) siguiese en las actuaciones porque «representa un interés propio y distinto al del resto de las acusaciones» y por su «derecho a ser parte autónoma» avalado por la «propia relevancia constitucional», de acuerdo con lo previsto en el artículo 127.1 de la Carta Magna.

«En todo caso», destacaba el magistrado, «el hecho de ser una asociación de fiscales puede ofrecer una aportación que podría echarse en falta, no solo en orden al esclarecimiento de los hechos, sino en defensa de la profesionalidad y prestigio de la Institución, ante la posición que ha venido mostrando el Ministerio Fiscal, a través de la representante, que hasta ahora ha venido encargándose del caso, en que ha llegado a pedir el archivo o sobreseimiento de las actuaciones, al menos en cinco ocasiones, sin éxito, y de la que, como última muestra, tenemos la declaración prestada el pasado día 10 de diciembre por el fiscal Salvador Viada Bardají, que venía a poner de manifiesto su afinidad y proximidad mostrada con el investigado Álvaro García Ortiz».

«El interés asociativo y la labor hasta ahora realizada por la APIF, a la que no cabe poner tacha alguna sobre su objetividad, y ese interés por la defensa e imparcialidad por el Ministerio Fiscal como institución que, de alguna manera, está en tela de juicio con los hechos a que se contrae la presente causa, merecen una defensa propia», por parte de dicha entidad.

El Debate