Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz.

En un nuevo auto notificado este jueves, el juez del Supremo Ángel Hurtado citaba a declarar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra y al fiscal Julián Salto el próximo día 16 de enero a las 10.00 horas. Tanto Lastra como Salto ya declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la fase inicial de la causa abierta contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. La primera, como testigo y el segundo, como imputado aunque, finalmente, las sospechas que pesaban sobre él en la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, quedaron archivadas. causa por revelación de secretos se archivó contra él.

Éstas dos comparecencias serán la antesala de «la toma de declaración de los investigados» Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quienes el magistrado ha anunciado, de manera implícita en su última resolución, que tiene previsto interrogarles. Es sí, una vez haya despachado otras actuaciones previas orientadas a esclarecer los graves hechos denunciados por la pareja de la presidenta madrileña y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), velando por la confidencialidad del derecho constitucional de defensa.

Aunque una de las acusaciones populares personada en el procedimiento, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), solicitó al magistrado que citase a declarar a García Ortiz tras el borrado de todos los mensajes de su teléfono móvil –alegando que se le «está dando un tiempo que no tendría ningún otro investigado para desarrollar todo tipo de estrategias, excusas o explicaciones a cada novedad de la unidad policial investigadora o avance de la instrucción»–, el juez Hurtado ha preferido avanzar con otras pesquisas.

El resto de las «diligencias sobre las que se está pendiente de acordar», respondía el magistrado a las peticiones del novio de Díaz Ayuso y de la APIF, se irán «haciendo en función de lo que la progresión de la instrucción de la causa vaya requiriendo, pero que no quita para que se tome decisión sobre algunas otras diligencias que este Magistrado Instructor considera que conviene comenzar por ellas, una vez contamos con los informes de la UCO y con carácter previo a la toma de declaración de los investigados, como es la toma de declaración» de testigos adicionales.

La fiscal que se negó a firmar la nota

La primera de ellas será la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés, quien ya prestó declaración como testigo ante el Instructor de la causa en el período de la misma ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ahora, el Supremo considera interesante oírla «en la misma condición, porque, con independencia de que pueda reiterarse en alguno de los aspectos sobre los que ya declaró, conviene que aporte información» relativa al «intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general del Estado».

Cabe recordar que, tal y como publicó El Debate en exclusiva, Lastra «se negó rotundamente» a cumplir con la orden de Álvaro García Ortiz de firmar el documento con los datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso, autorizado por el propio titular del Ministerio Público, y tampoco aceptó remitirlo desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJM).

Es más la fiscal madrileña llegó a pedir vía mail a su máximo superior que dejase constancia, por escrito, de cualquier instrucción sobre el caso que tuviese la obligación de atender en «estricto cumplimiento» del deber de dependencia jerárquica previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF). Es, precisamente, este rastro de mensajes el que interesa ahora al magistrado Ángel Hurtado tras valorar el «ofrecimiento» que, en su día, hizo Lastra “para el volcado de los correos electrónicos y Whatsapp que mantuvo», en los días clave, «con la Fiscalía General del Estado».

No en vano, desde el principio de las maniobras presuntamente orientadas a desacreditar a la presidenta de Madrid, y a juicio de Lastra, tanto la cronología de las conversaciones entre el abogado de la pareja de ésta y la Fiscalía especializada en Delitos Económicos, como los pormenores de las mismas desvelados en el contenido del comunicado que terminó viendo la luz, eran incompatibles con el deber de «confidencialidad» de las partes en el proceso reglado para alcanzar pactos de conformidad.

Una posición de la fiscal que para algunos miembros de la Carrera probaba, desde el minuto uno, «la antijuricidad palmaria» de las órdenes emanadas de García Ortiz para la gestión de este asunto.

No en vano, fue la hoy fiscal superior de la Comunidad de Madrid, ex miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quien durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Senado impulsó, en 2009, la firma del Protocolo de Actuación para Juicios de Conformidad entre la Fiscalía General del Estado, bajo el mandato de Cándido Conde-Pumpido, y el Consejo General de la Abogacía Española, presidido por Carlos Carnicer Díez.

El fiscal al que sacaron del fútbol

A la llamada del juez Hurtado también comparecerá, el próximo mes de enero, Julián Salto Torres, fiscal de delitos económicos asignado al caso tributario del novio de Ayuso al que sacaron del fútbol, durante el partido del Atlético de Madrid contra el Inter de Milán en competición de Champions, la noche del 13 de marzo. A Salto se le pidió que reenviase de manera «urgente» e «inmediata» todos los mails cruzados con el abogado del empresario madrileño, Alberto González Amador.

Salto quien ya «prestó declaración en calidad de querellado ante el Instructor de la causa cuando ésta se llevaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)» se sentará en el Supremo en calidad de testigo porque, «además de que es necesario oírle, ahora», su declaración anterior como imputado «fue de relevancia para la decisión que tomó dicho Instructor, en orden a la Exposición Razonada» por la que remitieron a la Sala Segunda del Alto Tribunal «las actuaciones» penales contra el fiscal general del Estado.

Al igual que Lastra, también Salto se comprometió a aportar correos cruzados con diferentes miembros de la cúpula fiscal, «como efectivamente hizo mediante la copia de ocho de ellos», sobre los que además prestó declaración,

La responsable de prensa de la Fiscalía

Por último, el juez Hurtado quiere escuchar a la responsable de la Oficina de Prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE), Mar Hedo Cassinello, quien fue señalada por razón del cargo que ocupa en el Ministerio Público y ser «en el momento procesal que nos encontramos» donde «todos los indicios apuntan del que pudiera haber salido la información litigiosa».

Desde que saltase el escándalo sobre la difusión de datos confidenciales de un particular, por ser la pareja de una representante pública, el Departamento de Comunicación de la Fiscalía se ha visto implicado en varias ocasiones en una cuestión que afecta, de manera directa, a un asunto relacionado con el máximo exponente de la misma.

De hecho, ya en su momento y como reveló este diario en exclusiva, el contenido de la nota que ha llevado a García Ortiz ante la Sala Segunda del Supremo se recogió en un documento de Word cuyo original, de acuerdo con los metadatos del archivo, fue creado por primera vez en el ordenador asignado a Hedo Cassinello.

Tampoco gustó en el seno de la Carrera el hecho de que, apenas unos minutos después de conocerse la decisión del juez instructor del Supremo de imputar a García Ortiz, se remitiese una nota desde la oficina de prensa de la Fiscalía en la que se aseguraba que la nueva situación procesal de su titular no alteraría su trabajo como máximo responsable de la misma.

De acuerdo con sus propias palabras, García Ortiz defendía que el hecho de que se hubiese elevado esa exposición razonada «no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución» ni «por supuesto» su «trabajo ordinario» en el cargo del que, todavía, sigue sin dimitir.