Durante este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado envuelto en multitud de polémicas. Sin embargo, las más destacadas han sido las investigaciones judiciales en las que se han visto inmersos miembros de su entorno más próximo. Desde el frente del exministro José Luis Ábalos, inmerso en una trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo, hasta los que protagoniza su entorno más personal. Por un lado su mujer, Begoña Gómez, y también su hermano, el músico David Sánchez. A continuación vamos a repasar los puntos más sensibles de estos tres casos.

La trama Koldo estalló el 21 de febrero de 2024 con la detención del que fuera asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes durante tres años. La operación, que se llevó a cabo por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, también incluyó el arresto del empresario Víctor de Aldama, que hasta ese momento estaba alejado del foco mediático. Los investigadores acreditaron el desvío de fondos públicos para el cobro de comisiones ilegales en los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de material sanitario durante la pandemia, aunque conforme ha evolucionado el caso se han conocido otras derivadas.

Ábalos está en la actualidad siendo investigado por el Supremo por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El exministro niega cualquier acto de corrupción aunque la Fiscalía ha dado credibilidad al testimonio de Aldama donde se relatan numerosos episodios que el empresario, al que la UCO define como «nexo corruptor», describe como mordidas en especie. La más relevante es la firma del contrato de un piso de 1,9 millones de euros ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid. El contrato fue firmado por Ábalos, que era el comprador, y por Aldama, que actuaba como vendedor, el 24 de abril de 2019.

El exministro se liberó la agenda oficial de ese día. El inmueble, de 250 metros cuadrados, pertenece a la sociedad Batarse y Asociados SL, que administra Luis Alberto Escolano Marín, uno de los empresarios al que los investigadores señalan como testaferro. Si bien Ábalos nunca llegó a ocupar la vivienda, la Fiscalía considera clave el mero hecho de que firmara el contrato. Según Aldama, la entrega del piso fue a un precio reducido porque el exministro se comprometió a cambio a adjudicar contratos de obras millonarios a empresas amigas. Para ello, el empresario entregó al Supremo un documento detallando los amaños.

Los otros dos puntos que Ábalos está teniendo más problemas para justificar son, por un lado, el pago por parte de Aldama de un chalet de lujo en La Alcaidesa (Cádiz) donde el exministro disfrutó el verano del año 2021 justo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cesara como titular de Transportes. El segundo punto es el abono, nuevamente también por parte del empresario, de 2.700 euros mensuales para el alquiler de un piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residía la pareja del exministro.

La mujer y el hermano

El segundo caso que salpica a Sánchez es la investigación judicial por las actividades profesionales de su mujer. En estos momentos, Begoña Gómez está siendo investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. La clave en este frente está en la cátedra y el máster que dirigió durante varios años en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Bajo el paraguas de la institución académica, registró a su nombre la Plataforma TSC, una herramienta informática que sería para prestar a empresas servicios de «transformación social competitiva», la especialidad de la esposa del jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, en vez de poner a nombre de la Complutense la herramienta lo puso al suyo como persona física, cuando fue la universidad quien hizo frente con cargo al presupuesto público a todos los gastos que generó la plataforma. Gómez registró a su nombre Transforma TSC, tal y como figura en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. En su última declaración ante el magistrado Juan Carlos Peinado, la mujer de Sánchez alegó que sus acciones fueron autorizadas y supervisadas por la Complutense, aunque desde la universidad niegan los hechos. «Se saltó todos los procedimientos internos de contratación», se alega en un informe interno de la Complutense.

Por último, el músico David Sánchez, hermano del presidente, está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Tendrá que acudir a declarar el próximo 9 de enero ante la magistrada Beatriz Biedma por cobrar un salario de alta dirección de la Diputación de Badajoz y, sin embargo, no ir a trabajar. También por mudar su residencia fiscal a Portugal cuando, en realidad, reside en un piso del centro de Badajoz. Este último extremo, según figura en el expediente judicial, lo llevó a cabo con la finalidad de pagar menos impuestos. Desde la defensa del músico se alega que “el absentismo laboral no es delito.

La UCO, que también está a cargo de este caso, deslizó en su último informe que la plaza que ganó el hermano de Sánchez fue diseñada ad hoc para él. Casualmente, el músico se hizo con el puesto de trabajo tan sólo dos semanas después de que su hermano se afianzara en 2017 con la secretaría general del PSOE. Además de él también están siendo investigados varios dirigentes socialistas que se encontraban en los puestos clave para la elaboración de los requisitos de la plaza y la posterior adjudicación.

El Debate