El año nuevo trae consigo nuevas subidas de impuestos y cotizaciones. Al menos una decena de tributos subirán en 2025, contribuyendo a elevar aún más la presión fiscal en España, que ya se ha elevado, desde 2018, en 2,9 puntos del PIB, frente al 0,8 de la media de la Unión Europea.

Desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno se han subido, de media, 13 veces los impuestos y cotizaciones al año, con ejercicios como el de 2021, cuando se alcanzaron los 20 incrementos en un solo ejercicio, según el Instituto Juan de Mariana. Y en 2025 subirán otros once tributos.

Entre los incrementos del nuevo año destaca la nueva tasa de basuras, que deberán aprobar todos los Ayuntamientos de ciudades de más de 5.000 habitantes antes el mes de abril. Los consistorios están obligados a ponerla en marcha por la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El objetivo, dice la Ley, es «implementar sistemas de pago por generación que reflejen el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía».

Su aplicación supondrá un desembolso de hasta 200 euros por hogar. Y no son pocos los ayuntamientos que se han movilizado para tratar de paralizar su entrada en vigor.

«La normativa europea no obliga a crear una tasa para la recogida del quinto contenedor, es una ley que Sánchez se ha sacado de la manga y va a suponer pagar el doble de lo actual», en palabras de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), María José García-Pelayo, también alcaldesa de Jerez. Madrid, por su parte, ha anunciado una rebaja del IBI para compensar, al menos parcialmente, la implementación de la nueva tasa.

Otro incremento que notarán las familias es la subida del IVA de los alimentos básicos. Los descuentos aplicados desde el 1 de enero de 2023 por la crisis inflacionaria tras la invasión de Ucrania pasan a la historia dos años después. El resultado es que el IVA pasa del 2 al 4 % para productos como el pan, la leche, el aceite de oliva, las verduras, las frutas y las legumbres; y del 7,5 al 10 % para la pasta o los aceites de girasol y soja. Pese a esta rebaja, según Asufin, la cesta de alimentos básicos se ha encarecido un 9 % en los dos últimos años.

Además, el descafeinado paquete fiscal negociado por el Ejecutivo con sus socios en noviembre supondrá una subida de los tipos del ahorro en el IRPF del 28 al 30 % para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros.

En dicha negociación se acordó también elevar la fiscalidad para los cigarrillos electrónicos. El nuevo impuesto, que entrará en vigor en abril, supondrá gravar aquellos que contengan menos de 15 miligramos de nicotina con 0,15 euros por mililitro, y con 0,20 euros si tienen más de 15 miligramos. Además, se impone un impuesto de 0,10 euros por gramo a las bolsas de nicotina, y de 0,10 euros por gramo a otros productos de nicotina.

Igualmente, entrará en vigor un nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras, que sustituirá a la anterior prestación patrimonial no tributaria. Supondrá gravar los ingresos de los bancos en una horquilla que va, según su facturación, del 1 al 7 %.

Adicionalmente, entrará en vigor el nuevo impuesto mínimo global complementario para las compañías multinacionales. Ello, detallan desde el Juan de Mariana, «sin suprimir el impuesto que se había introducido de forma supuestamente temporal». Cierra el ciclo de subidas la aprobación de tres nuevos límites diferentes a la deducción de las bases negativas, puesta en marcha por Hacienda para compensar el varapalo del Tribunal Supremo a la reforma del impuesto de Sociedades de Montoro.

A todo ello hay que sumar la entrada en vigor de la llamada «cuota de solidaridad» para los sueldos a partir de 58.908 euros, así como una nueva subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ambas cotizaciones –en realidad impuestos dado que no generan beneficios– se aplican en virtud de la reforma de pensiones de José Luis Escrivá para tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

«Vodevil» con «poca seguridad jurídica»

Estas subidas se producen, además, tras un rocambolesco proceso de negociación que hizo que las conversaciones se prolongaran hasta la madrugada en el Congreso, y tras la incorporación de modificaciones de última hora hasta el pasado 23 de diciembre. Todo ello ha generado críticas por parte de los economistas por agravar la situación de «poca seguridad jurídica», en palabras de Valentí Pich, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf). Y, en algunos casos, «por jugadas políticas» al margen de la recaudación o su efecto en la economía, creen los economistas, en referencia al impuesto a los bancos o a la tasa a las energéticas, la cual, pese a haber sido aprobada por Real Decreto, dudosamente saldrá adelante en el Congreso por la falta de apoyos parlamentarios.

La situación ha sido calificada por los expertos fiscales como de «vodevil». Y es que además, a pocos días de finalizar el año, se pospusieron algunas subidas fiscales, como por ejemplo el fin de las deducciones fiscales por reformas de vivienda para aumentar la eficiencia energética, que finalmente se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2027.