Hazte Oír (HO), una de las asociaciones que ejerce la acusación popular tanto en el “caso Koldo” como en las causas contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o su hermano, David Sánchez, lo tiene claro. Para bien o para mal 2025 será el año de las acusaciones populares.

Lo malo, como subraya el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, es que desde el Gobierno han planteado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que, en su opinión, supone un “ataque directo a la libertad de los ciudadanos, la igualdad y la propia esencia del Estado de Derecho”.

Para esta asociación el meollo del asunto está en que buscan desde el Ejecutivo que encabezan los socialistas “centralizar la instrucción” de los procedimientos judiciales en “la Fiscalía”, que, bajo su óptica, “depende jerárquicamente del Gobierno”.

“Limitación de la acusación popular”

Además, apuntan desde HO que “compromete gravemente” tanto la imparcialidad como la transparencia de las causas en curso y que con la reforma que planean –trasladan a LA RAZÓN- se impondría una “limitación a la acusación popular” que ejercen en lo que califican de “camino hacia la impunidad” que, consideran, “aparece cuando el Gobierno y el propio presidente se ven acorralados por diferentes casos”, en referencia a los citados en los que están personados.

Para esta asociación es una “limitación” de su derecho a ejercer la acusación popular”, a lo que añaden una “falta de independencia de la Fiscalía”, y en la que enmarcan una reforma legislativa “para proteger al poder y silenciar la sociedad civil”.

“Sentimos un enorme orgullo pues es palpable que les estamos haciendo tanto daño que están dispuestos a cambiar el ordenamiento procesal que ha estado vigente durante décadas con tal de pararnos”, tal y como reivindicó el presidente de HO, Ignacio Arsuaga.

En lo que más están poniendo los esfuerzos en el seno de la organización es en tratar de llevar a cabo un “llamamiento a la sociedad civil para que se opongan a esta reforma” dado que –en base a la tesis que trasladan a este diario- “hoy señalan a asociaciones, mañana serán ciudadanos y Sánchez y los suyos harán todo lo que puedan para lograr la impunidad que ansían”.

Es la reacción de esta acusación después de que, siguiendo la tendencia marcada por el Tribunal Supremo, que les unificó a todos en la dirección letrada del PP, ahora se ha extendido a la parte del “caso Koldo” en la Audiencia Nacional que sigue instruyendo el magistrado Ismael Moreno.