La UCO señala que el fiscal general del Estado cambió de móvil una semana después de que el Supremo le imputara en la trama contra Ayuso
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cambiado de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el Tribunal Supremo le imputara por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Así lo señala en un informe, al que ha tenido acceso El Debate, en el que la UCO, tras una providencia del juez instructor acordando que se le pidiera a esta unidad los números y titularidad de las tarjetas móviles que le fueron incautadas a García Ortiz durante el registro de su despacho, analiza los números de teléfono e IMISI/IMEI asociados de dichas tarjetas y concluye que «el inicio de actividad de los IMSISs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas», recoge el informe.
Fue el pasado 16 de octubre cuando la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, asumiendo la causa que venía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acordó investigar al fiscal general por las filtraciones de datos personales del novio de la presidenta madrileña.
Durante la investigación, la Guardia Civil confirmó que se había «borrado» todo el contenido del teléfono que se había incautado por parte de la UCO a García Ortiz.
Tras la imputación del fiscal general, todo el Gobierno salió en su defensa, alegando que hizo «lo que debía hacer», en palabras del propio Pedro Sánchez. «Todo lo que ha hecho ha sido contar la verdad y desmentir un bulo», señaló el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que llegó a preguntar si «puede ser delito en nuestro país contar la verdad».
Parido por guarra.
Delito de destrucción de pruebas penales.
El cobarde TS no hará nada.
Hace meses le han pedido quitarle el sueldo (130.000 euros al año)
Lógico, pues estaba imputado y puede usar el poder de su puesto para presionar al fiscal que vaya contra el.
El TS no le ha tocado un euro.
Cobardes, cobardes.