El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

Casos como los denominados ‘Begoña Gómez’ y ‘Koldo’, que han marcado la actualidad política en 2024 y se espera que sigan haciéndolo en 2025, han reabierto el debate sobre la figura de la acusación popular. Ideada para que los ciudadanos puedan participar en la administración de justicia, sus partidarios la describen como una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, mientras que los más escépticos advierten de su utilización para “fines espurios”.

La acusación popular está consagrada en el artículo 125 de la Constitución y regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de modo que “todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla” pero con los límites establecidos legalmente, que la permiten en todos los delitos perseguibles de oficio y la excluyen de los llamados ‘delitos privados’, de los cometidos por menores y de los procedimientos militares.

La doctrina y la jurisprudencia la han configurado como un cauce para la participación ciudadana en las causas penales en defensa del “interés general”, entendido como “el esclarecimiento de lo verdaderamente sucedido y la imposición, en su caso, a los posibles responsables de las penas y reparaciones civiles que pudieran corresponder”, según recordó el Tribunal Supremo (TS) en un reciente auto firmado por el instructor del ‘caso Koldo’, el magistrado Leopoldo Puente.

Se sitúa así como una tercera vía, desvinculada de la Fiscalía –a quien compete “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”– y de la acusación particular –la que corresponde a las víctimas del delito– que en la práctica han venido ejerciendo personas físicas y jurídicas de distinta naturaleza –administraciones, partidos, asociaciones, etc– para personarse, principalmente, en casos de corrupción.

Recientemente, ha cobrado protagonismo al estar en el origen del ‘caso Begoña Gómez’, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Cabe recordar que la causa arrancó por una denuncia de Manos Limpias que recogía informaciones periodísticas y, posteriormente, se sumaron las acusaciones populares de Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y el Movimiento para la Regeneración Política de España.

Las acusaciones populares también han sido claves en el ‘caso Koldo’. El PP denunció ante la Fiscalía una ristra de contratos públicos para la compra de material sanitario en plena pandemia que incluían los adjudicados a Soluciones de Gestión por el Ministerio de Transportes, epicentro de las actuales pesquisas. El Ministerio Fiscal inició una investigación que saltó a la Audiencia Nacional (AN) y de ahí al TS, donde la causa se reabrió partiendo de una denuncia presentada en 2021 por un abogado, Ramiro Grau. Desde que aterrizó en sede judicial ha contado con el impulso de las acusaciones populares de PP, Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Liberum, Hazte Oír y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

A ello se suma la causa donde el TS investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las presuntas filtraciones contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si bien fue el propio perjudicado quien llevó el asunto a los tribunales, después se incorporaron las acusaciones populares de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Fundación Foro Libertad y Alternativa y Manos Limpias.

Respecto a la APIF, el magistrado instructor Ángel Hurtado destacó la labor de esta acusación popular “no solo en orden al esclarecimiento de los hechos, sino en defensa de la profesionalidad y prestigio” de la Fiscalía, al considerar que “está en tela de juicio” tanto por los hechos investigados como por “la posición que ha venido mostrando” la fiscal del caso, María Ángeles Sánchez Conde –‘número dos’ de García Ortiz–, que “ha llegado a pedir el archivo” en “cinco ocasiones”.

Síntoma del debate subyacente son, precisamente, las resoluciones contradictorias adoptadas por los instructores en el TS del ‘caso Koldo’ y de la causa contra García Ortiz. Mientras que Hurtado decidió mantener separadas las cuatro acusaciones populares, Puente optó por unificarlas otorgando la dirección letrada de las siete al PP por ser la primera en quedar personada.

En su balance de 2024, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, avanzó que el Gobierno analizará la figura de acusación popular al creer que se está “pervirtiendo” su “espíritu” por “organizaciones ultraderechistas, a las que no les importa nada perseguir el delito y esclarecer los hechos”, sino “perseguir a personas progresistas”.

RIESGO DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS

Durante el acto de apertura del curso judicial, el fiscal general también llamó a reflexionar sobre la acción popular, indicando que su universalización ha propiciado que “cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso” tenga acceso “sin filtro alguno”, lo que “aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas”.

Fuentes jurídicas recuerdan que, más allá de la actual coyuntura, el debate sobre la acción popular no es nuevo. En la AN, donde se investigan las causas de mayor entidad, las fuentes consultadas ponen en valor el papel de las acusaciones populares en los casos de corrupción –aunque no solo, ya que la reactivación del ‘caso Miguel Ángel Blanco’ también corrió a cargo de la acción popular–, si bien alertan de que en los últimos años han detectado “fines espurios”.

Sobre la mesa, el anteproyecto de la nueva LECrim aprobado en 2020 por el Gobierno y cuyo ‘iter’ parlamentario se ha despejado una vez que el CGPJ ha emitido informe. El borrador veta el ejercicio de la acción popular a las personas jurídicas públicas –como Gobierno, Cortes Generales o Defensor del Pueblo–, partidos y sindicatos, “frente al uso distorsionado que se ha hecho de ella”.

“UN PAPEL FUNDAMENTAL”

Desde el otro lado, Luis Pardo, presidente y abogado de Iustitia Europa, se muestra “totalmente en contra de dicha reforma” porque “lo único que traerá es mayor impunidad para el gobierno de turno”. En declaraciones a Europa Press, explica que la acusación popular “ha sido la que ha denunciando principalmente las causas de corrupción”, por lo que resulta “imprescindible” frente a lo que percibe como “una Fiscalía politizada”. “Debemos despartidizar las instituciones (…) y, hasta que esto no suceda, la acusación popular juega un papel fundamental en defensa del Estado de Derecho”, afirma.

El abogado penalista José María de Pablo coincide en que “en aquellos casos en los que la politización de la Fiscalía lleve a que el fiscal no haga nada, es la única manera de perseguir esos delitos”. No obstante, sí observa un “abuso” de esta figura y plantea dos medidas correctivas: prohibirla a los partidos, “que habitualmente la usan para desgastar al rival y obtener información reservada”; y que haya una “condena automática” a pagar costas e indemnización “cuando la persona a la que se haya acusado resulte absuelta” o se archive el caso.

Otra abogada penalista opina que, aunque “es cierto a veces las acusaciones populares hacen barbaridades que deberían conllevar al menos un rapapolvo”, también favorecen la acción de la Justicia. En concreto, destaca su rol en las macrocausas, donde “todos los ojos son pocos”. Así, se opone a “limitar un derecho reconocido en la Constitución” y sostiene que “la carga de los posibles desmanes tiene que recaer sobre el juez, que es quien debe dirigir la investigación”.