Hoy casi se reanuda la «normalidad» política y social post navideña, a falta de la vuelta de los escolares al colegio tras disfrutar hoy de los juguetes de Reyes. Y hoy no se reúne la Mesa del Congreso como estaba previsto, al menos por Puigdemont, que el 9 de diciembre lanzaba un nuevo ultimátum a Sánchez advirtiéndole de que «si no se admitía el 7 de enero a trámite» la Proposición No de Ley registrada en el Congreso por el grupo de Junts, para debatir y votar una cuestión de confianza sobre él, sería el final de su apoyo en la legislatura. Lo dijo reiterando que lo firmado tras el 23J fue un pacto para su investidura –no de legislatura– y que ese apoyo debería ganárselo día a día.

Esa iniciativa parlamentaria no tiene la misma eficacia legal que si la planteara el propio Sánchez, ni por supuesto tampoco el de una moción de censura –procedimiento por el que él llegó a La Moncloa en 2018–, pero por supuesto que sí que tiene un evidente valor político. Caso de tramitarse daría visibilidad numérica a la absoluta dependencia de Sánchez con los «7 votos de plata» del prófugo de Waterloo, ante una eventual moción de censura que es de lo que se trata en este caso por parte de Puigdemont.

De momento, la mayoría sanchista de la Mesa presidida por Armengol no se ha reunido para ganar tiempo, pero la amenaza sigue vigente con la transferencia de la Inmigración, la amnistía y el catalán como lengua oficial en la UE, como exigencias prioritarias. La amnistía depende de Pumpido en el Tribunal Constitucional, pero con el Tribunal de Justicia de la UE en la retaguardia como última instancia.

La transferencia de la competencia para gestionar la inmigración es una exigencia partidista para hacer frente a la Aliança Catalana que compite en ese ámbito con Junts en su mismo espacio político. En la actualidad la inmigración irregular se ha convertido en uno de los mayores problemas comunitarios, siendo considerada además como una «política de Estado» y que por su propia naturaleza no puede ser transferida.

En cuanto a la oficialidad del catalán, se topa con el rechazo de Bruselas a convertirse en una torre de Babel dada la cantidad de lenguas y dialectos existentes en los 27 Estados de la UE. Ninguna de esas exigencias es compatible con la defensa del interés general de España, que es principal deber de un presidente.

Cualquiera de ellos con una mínima sujeción a la ética pública exigible para el ejercicio de esa responsabilidad dimitiría, o convocaría elecciones generales. Como ahora en Canadá y Austria. Por ejemplo.