(R) No quiere ningún resquicio que impida la impunidad del régimen sanchista. No le basta que Conde-Pumpido sea una marioneta al frente del Tribunal Constitucional, la sumisión de la Fiscalía que no quiere que se mueva por el principio de legalidad o de «cariño» Armengol que ha convertido el Congreso en un apéndice de La Moncloa. No es suficiente la colonización de la Administración, los órganos constitucionales, las empresas públicas y los organismos reguladores. Le faltaba consagrar la absoluta impunidad de su partido, sus amigos y su familia liquidando la acusación popular para que sea una institución jurídica marginal e irrelevante. Por ello, el PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso que es un ataque brutal contra la separación de poderes y el Estado de Derecho. La desnaturalización de esta figura, que se remonta a la República Romana, busca liquidar los escándalos que afectan directamente a su familia. Ha decidido que no sea un proyecto de ley, otra anomalía parlamentaria, para eludir los informes preceptivos que confirmarían este demoledor ataque a la Justicia.

En el caso de que se apruebe esta reforma, que es inconstitucional, solo le faltará conseguir que su Fiscalía controle la instrucción de los procesos. Esto comportará la arbitrariedad más absoluta. Los casos que afecten al PSOE, al Gobierno y a su familia nunca verán la luz o serán archivados, mientras que sus enemigos sufrirán brutales campañas de acoso como las que ahora dedica a Ayuso. Por tanto, acabar con la acusación popular, cuya presencia es controlada actualmente por los jueces, y convertir la Fiscalía en un comisariado político para acabar con sus enemigos y rivales es la culminación de su persistente ofensiva contra el Estado de Derecho. La sociedad no puede permanecer indiferente ante esta maniobra antidemocrática. Los que le apoyen serán sus cómplices, porque la impunidad también servirá para que actúe contra ellos cuando tenga oportunidad. Con una desfachatez infinita ha puesto a esta proposición de ley el título de «garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas». Es decir, se trata de que nadie pueda ir en contra de las tropelías y corrupciones de los sanchistas, que podrán atropellar el Estado de Derecho y repartirse el botín sin ningún temor.

El PSOE interviene la Justicia por la vía rápida ante el avance de sus casos de corrupción

El anteproyecto de ley orgánica de reforma del derecho de rectificación que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de diciembre era un señuelo; una maniobra de despiste mientras los socialistas cocinaban en su olla exprés una intervención de la Justicia ante el avance en los juzgados de los casos de corrupción que les afectan. Porque también se han ocupado de que afecte a los procesos en curso en cuanto entre en vigor.

El PSOE sorprendió este viernes con el registro de una proposición de ley orgánica de su grupo parlamentario que alimenta el relato de que en España existe lawfare y una judicialización malintencionada de la política, y que por tanto los poderes democráticos están obligados a defenderse. El término lawfare, con todas sus letras, fue empleado ayer por el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Golpe al Estado de Derecho

En la exposición de motivos de la iniciativa, los socialistas denuncian que se han generalizado «situaciones de acoso contra determinados colectivos, como artistas, activistas, creadores y también representantes políticos, que pretenden limitar sus derechos haciendo un uso abusivo de las instituciones y de determinadas disposiciones legales, cuya configuración y fines reales no están en absoluto destinados a servir a las estrategias de acoso y exclusión». Va por Begoña Gómez y por el hermano de Pedro Sánchez.

La reforma redactada por los socialistas mata cinco pájaros de un tiro: cercena la acusación popular para que el PP, Vox, Manos Limpias y Hazte Oír sean expulsados de las causas que afectan a Sánchez y directamente prohíbe que la ejerzan las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, puesto que en el caso de Álvaro García Ortiz está personada la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Impide a los jueces –o lo pretende– admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa. Añade motivos para recusar a un juez, con la clara intención de deshacerse del juez Juan Carlos Peinado. Y, de propina, borra de un plumazo el artículo 525 del Código Penal, el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, una vieja reivindicación de la ultraizquierda. «Esto es una peligrosa deriva en el marco de nuestro Estado de Derecho», denunció la número dos de los populares, Cuca Gamarra.

Todo ello mediante una proposición de ley del grupo parlamentario socialista en lugar de un proyecto de ley del Consejo de Ministros, un atajo que el PSOE viene utilizando de manera sistemática para redactar o reformar leyes no solo ordinarias, sino también orgánicas, que afectan por tanto a los derechos fundamentales. Es el mismo modus operandi que con la ley de amnistía, con la llamada ‘ley Txapote’ y con la reforma de la ley de seguridad ciudadana (aún en trámite parlamentario), entre otras.

Con ello va mucho más rápido, porque la tramitación empieza en el Congreso y no con un anteproyecto de ley elaborado por un ministerio, y se ahorra los trámites de audiencia e información públicas y los informes de los órganos consultivos. En este caso, de una tacada los socialistas pretenden reformar dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial y el Código Penal; y una ley ordinaria, la de Enjuiciamiento Criminal.

La disposición transitoria trampa

Las posibilidades de que esta reforma sea apoyada por los socios de Sánchez y entre en vigor en cuestión de meses son muy grandes. Junts, ERC, Bildu, Podemos y el BNG –no tanto el PNV– son fervientes defensores de la teoría del lawfare y las cloacas del Estado. De hecho, llevan desde que estalló el caso Begoña exigiendo a Sánchez que tome medidas frente a la derecha judicial, política y mediática, según la denominan. Si acaso, los aliados del presidente le dirán que se ha quedado corto e intentarán introducir modificaciones durante la tramitación parlamentaria, vía enmiendas.

Respecto al alcance de la reforma, ésta tendrá consecuencias inmediatas en el caso Begoña, el de José Luis Ábalos, el del fiscal general del Estado y el del hermano de Sánchez. La proposición de ley incluye una disposición transitoria única que facilitará la expulsión del PP, Vox y las «asociaciones ultraderechistas» –según el ministro Félix Bolaños– que ejercen las acusaciones populares en esos cuatro casos: «Las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento. A la modificación realizada en el Código Penal le resultará de aplicación lo previsto en el artículo 2.2 de dicho texto legal», estipula ésta.

El PSOE deja para más adelante otra reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tiene pendiente, para quitar la instrucción de las causas penales a los jueces y dársela a los jueces. En un momento de enorme cuestionamiento de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular está procesado por un presunto delito de revelación de secretos. El mes pasado, el Consejo General del Poder Judicial se pronunció sobre un anteproyecto de ley que elaboró el Gobierno al respecto la pasada legislatura. El órgano de gobierno de los jueces señaló que esa reforma debía ir ligada a otra del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia.