El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Luis Hurtado ha acordado citar como investigados en la causa que sigue por delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El instructor toma la decisión al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en los hechos delictivos objeto de la presente causa tras las diligencias desarrolladas hasta la fecha, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Además, en el mismo auto, el magistrado acuerda extender la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, por cuanto entiende, con el carácter provisional propio de la fase de instrucción, que, de manera coordinada con los otros dos investigados, García Ortiz y Rodríguez, se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el artículo 417 del Código Penal (CP)”.

El fiscal general es citado para el día 29 de enero, la fiscal provincial de Madrid, para el 30 de enero, y para el 5 de febrero, el fiscal Diego Villafañe, todos en concepto de investigados. La causa se originó en la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por haber difundido datos sobre la causa por delito fiscal y falsedad documental que le afectaba.

El instructor hace un resumen de lo actuado hasta la fecha, tras lo cual destaca, en el caso del fiscal general del Estado, que la UCO, en su informe de 21 de noviembre de 2024, habla de “la participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”.

“Sin entrar en consideraciones al respecto”, añade el instructor, “lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.

Añade que “el solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo de 2024 entre las 21.59 horas, en que Álvaro García Ortiz recibe en su gmail particular el correo en que Pilar Rodríguez Fernández le reenvía el de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto Torres, y los pasos que da antes para lograr hacerse con él, reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta, y las 23:51, en que se publica en la web de la cadena SER ese correo de 2 de febrero de 2024, o su intervención en la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14, es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.

“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del Fiscal General del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del Teniente Fiscal Diego Villafañe Díez”, expone el auto.