Sánchez se queda solo en el cálculo político con las pensiones
El Gobierno sigue atrapado en el callejón sin salida de su relato. Pedro Sánchez ha impuesto una dinámica de desafío por la que no se abre a ceder a las pretensiones de la oposición y de sus socios para aprobar un nuevo decreto que subsane los efectos derivados de la caída del ómnibus la semana pasada. El presidente se ha quedado aislado, solo en el Consejo de Ministros, porque ni siquiera sus socios de coalición secundan la estrategia de instrumentalizar políticamente a los pensionistas y a los perceptores de ayudas a la DANA, al transporte público y del Salario Mínimo, dilatando los tiempos para endosar todo el desgaste al PP por el rechazo al texto. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamó ayer llevar esta cuestión «cuanto antes» al Consejo de Ministros y, si bien el ala socialista se ha negado reiteradamente a convocar una reunión extraordinaria para ello, tampoco está previsto que en la cita ordinaria que se celebrará hoy en el Palacio de la Moncloa figure en el orden del día.
Los negociadores socialistas necesitan tiempo y evitar utilizar los instrumentos a su alcance para revertir la situación generada por su debilidad parlamentaria. Se busca margen de actuación para que prospere la negociación política con Junts y consigan que vuelva a la senda del acuerdo en lo relativo al decreto, pero también a otras muchas carpetas que permanecen abiertas y que desembocarían en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En Moncloa defienden que el decreto estaba «negociado y requetepactado» con Junts en diciembre y que si se han apeado del acuerdo es porque Carles Puigdemont dio la orden desde Bruselas. No es una cuestión de fondo, sino de forma. Sin embargo, este tiempo para negociar no es ilimitado, hay un horizonte insuperable: el abono de las pensiones del mes de febrero.
Las de enero están garantizadas con la subida, porque las órdenes de pago se emitieron cuando el decreto estaba todavía en vigor, por lo que son las del próximo mes las que peligrarían. Varias fuentes socialistas consultadas reconocen que no sería asumible que los pensionistas registraran una rebaja en sus ingresos. Más allá del cálculo político, el coste de hacerlo sería muy elevado para un gobierno que se vanagloria de haber revalorizado las pensiones como contrapunto al PP. En este sentido, fuentes gubernamentales se aferran a la complejidad de armar un nuevo texto, aunque, en esencia, los planes del Ejecutivo pasan por volver a llevar el mismo al Consejo de Ministros. La complejidad no reside en el texto, sino en los apoyos que deben concitar para sacarlo adelante.
Aunque públicamente se evite focalizar la presión sobre Junts, es ahí donde se centran todos los esfuerzos socialistas. Una presión que despacharon ayer los juntaires hacia el Gobierno, reafirmándose en su decisión de apoyar un nuevo decreto, pero con un contenido tasado y consiste en un póker de medidas: pensiones, Salario Mínimo y ayudas al transporte y la DANA. «El PSOE sabe qué postura tiene Junts per Catalunya, que es que se presente un decreto con medidas sociales con las que todos estamos de acuerdo. Está en el tejado del Gobierno», aseguró Josep Rius, vicepresidente y portavoz de la formación. Sin embargo, el Ejecutivo y sus socios de izquierda no están dispuestos a «trocear» el decreto, porque creen que, entonces, quedarían descolgadas otras medidas del escudo social sobre colectivos vulnerables que no cuentan con apoyo suficiente entre los partidos de derecha. Fuentes de Moncloa hablan de «equilibrios múltiples» para justificar que, si se deja caer una parte, se perderán votos por la contraria.
Sin embargo, mientras el tiempo sigue corriendo, cada vez son más las voces que alertan del riesgo que asume el Gobierno al dejar esta cuestión paralizada sin dar una respuesta, pese a tener las facultades para ello. De ahí, que los portavoces oficiales socialistas se afanen en trasladar el mensaje de que el Ejecutivo «no dejará tirado» a los pensionistas y que están buscando «la mejor fórmula». «Por supuesto que volveremos a llevarlo, porque hace falta subir las pensiones, hace falta subir el salario mínimo, hace falta recuperar y ampliar esas bonificaciones al transporte», aseguraba ayer Enma López a las puertas de la Ejecutiva del PSOE en Ferraz. Los socialistas intentan trasladar certidumbre, mientras mantienen en vilo a los pensionistas por el cálculo político y la lucha partidista.
La Razón