Las expulsiones de inmigrantes ilegales descienden de las 20.854 en 2009 a tan sólo 3.672 llevadas a cabo en 2023
El Gobierno sigue sin cerrar un acuerdo ante la crisis migratoria de Canarias. Fernando Clavijo presiona para que el reparto de menores no acompañados se materialice ya en febrero, aunque el Ejecutivo prefiere no hablar de un límite de fecha pero aseguran que la negociación “no se puede eternizar”.
El presidente de Canarias está convencido de que podría atar los apoyos de Junts, para el decreto que el Gobierno ultima para imponer el reparto de unos 4.000 menores no acompañados de los 5.600 que tutela Canarias en la actualidad lo que supondría un alivio para los recursos de la isla. Clavijo asegura que la formación catalana no ha cerrado la puerta a esta solución puntual para que esos menas puedan ser trasladados a otros territorios de España. “Sigo trabajando”, dijo, al tiempo que subrayó que él no depositaría toda la presión en los de Carles Puigdemont porque cree que el PP tiene que ser consciente también de que “si quiere gobernar España, y si gobierna España algún día, esta situación se la va a encontrar qué respuesta va a tener”.
Mientras se debate cómo se reparten los inmigrantes ilegales las devoluciones y expulsiones han caído a la baja. Según se desprende del informe de NEOS sobre la inmigración en España han descendido las devoluciones desde las 20.854 que se llevaron a cabo en 2009 hasta las 3.672 que se realizaron en 2023. En 2019 todavía había un número significativo de repatriaciones que era superior a 11.000 pero con la pandemia cayó y no se llevaron a cabo más de 3.500 repatriaciones anuales debido a los problemas que suponía el cruce de frontera en plena pandemia de la Covid.
Sin embargo, en los últimos años parece que el Gobierno ha renunciado a las expulsiones. En 2022 y 2023 se llevaron las mismas que en años anteriores: 3.642 en 2022 y 3.677 en 2023. A pesar de que habían desaparecido ya las restricciones por la Covid y mientras las llegadas seguían creciendo, se multiplicó el número de “nuevos residentes sin autorización” tras llegar como turistas.
La Dirección General de la Policía proporciona solo datos de expulsiones y devoluciones ejecutadas no así las tramitadas. Según recoge dicho informe, en las devoluciones por la entrada ilegal, la nacionalidad es necesariamente la de los interceptados al llegar.
El origen, en su mayoría ha sido alrededor de un 60% de Marruecos y un 35% de otros países como Argelia, Senegal, Gambia y Mali. Por lo que, la proporción entre 2023 y 2024 es de una mayoría de origen subsahariano. Estas devoluciones se han reducido “al mínimo” ya que entre 2018 y 2023 hubo 268.924 entradas ilegales mientras que sólo se ejecutaron 19.209 devoluciones, lo que supone un 7%. Sin embargo, en cuanto a las expulsiones son casi todos extracomunitarios.
Estas expulsiones afectan sobre todo, a los que han cometido delitos dolosos con una pena superior a un año o los que están en situación irregular cualificada por diversas circunstancias, una de las cuales sería los antecedentes penales.
Dificultad para repatriar
Las repatriaciones entrañan una dificultad extra debido a la falta de colaboración de los inmigrantes afectados al que se suma la indiferencia del país de origen para colaborar. Pero también hay limitaciones con el sistema legal y la jurisprudencia de los Tribunales y del Tribunal Superior de Justicia de la UE. En concreto, Marruecos, Argelia y Senegal dificultan esa colaboración más aún debido a que los inmigrantes se deshacen del pasaporte nada más pisar territorio español y estos países no los reconocen su origen o evitan documentarlos de nuevo. Sin embargo, el informe advierte de que, mientras no afloran esos pasaportes si que son aportados ante la jurisdicción contencioso-administrativa para recurrir y ordenar la medida cautelar de suspensión de la expulsión. Aunque no hay una estadística de las mismas, se concede un elevado porcentaje frente a las devoluciones que no se conceden “casi nunca”. Sin embargo esto supone un “efecto llamada” de la inmigración ilegal.