El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha promulgado una ley que permitirá al gobierno confiscar propiedades de los agricultores en función del color de su piel. La organización de derechos de los agricultores AfriForum prometió luchar contra la Ley de Expropiación en los tribunales, y el segundo partido gobernante más importante amenazó con abandonar la coalición.

La llamada “expropiación sin compensación” ha sido debatida en Sudáfrica durante muchos años, ya que el partido de izquierda Congreso Nacional Africano (ANC) se quejó de que la mayoría de las tierras todavía están en manos de agricultores blancos. En realidad, la mayor parte de las tierras de Sudáfrica (14%) es propiedad del gobierno. El 23 de enero, el presidente Cyril Ramaphosa firmó la Ley de Expropiación:

“Las autoridades locales, provinciales y nacionales utilizarán esta legislación para expropiar tierras en interés público por diversas razones que buscan, entre otras, promover la inclusión y el acceso a los recursos naturales”. La ley permite expresamente al gobierno expropiar fincas si “la autoridad expropiante ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo con el propietario o titular de un derecho de propiedad para la adquisición de la misma en términos razonables”.

Los terratenientes no blancos poseen el 26,7% de las tierras agrícolas y controlan más del 46% del potencial agrícola de Sudáfrica, informó News 24. “Se ha transferido a empresarios y agricultores negros el doble de tierras a través de compras comerciales ordinarias de las que el Estado ha logrado comprar para los propietarios negros como parte de su programa de redistribución de tierras”, concluyó un estudio.

Sudáfrica ha sido gobernada por un “Gobierno de Unidad Nacional” (GNU) desde que el ANC perdió su mayoría absoluta en 2024, que mantenía desde el fin del Apartheid en 1994. El ANC actualmente gobierna junto con el segundo partido más grande, la Alianza Democrática orientada a las reformas, el mayoritario Partido de la Libertad Inkatha (IFP) zulú y la derechista Alianza Patriótica (PA).

Ahora, esa coalición corre el riesgo de desintegrarse después de menos de un año.

El líder de la DA, John Steenhuisen, dijo que en las últimas semanas ha quedado cada vez más claro que el CNA “ha perdido el interés en honrar su parte de la relación”. El CNA “ha comenzado a faltarle abiertamente el respeto a sus socios y a socavar la confianza sobre la que se construye cualquier gobierno de coalición”.

En su declaración en el aniversario del ANC el 8 de enero, el presidente Ramaphosa fue citado diciendo que aunque el ANC no logró asegurar más del 50 por ciento en las elecciones, “el ANC todavía está al mando”, dijo Steenhuisen, calificando el comportamiento de Ramaphosa de “inmaduro”.

Steenhuisen reprendió al Ministro de Salud del Congreso Nacional Africano, Aaron Motsoaledi, por “declarar la guerra” al Gobierno de Unidad Nacional en el Foro Económico Mundial en Davos, donde Motsoaledi dijo a los líderes mundiales que está librando una “guerra” contra el pueblo de Sudáfrica.

“Así no es como se comportan los colegas maduros”, dijo Steenhuisen, calificándolo de “arrogante e irrespetuoso”.

La organización de derechos civiles de las minorías AfriForum afirmó que emprenderá “acciones legales sustanciales para proteger los derechos de propiedad privada” en Sudáfrica “en caso de que el gobierno tome como objetivo la expropiación de propiedades sin compensación”.

“AfriForum hará todo lo que esté en su poder para proteger a los ciudadanos contra la expropiación sin compensación. Parece que somos la última línea de defensa real que queda”, dijo el portavoz de AfriForum, Ernst van Zyl, afirmando que el gobierno “ha declarado la guerra a los propietarios privados con la aprobación de esta ley”.

AfriForum anunció hoy en una conferencia de prensa en Centurion un plan de tres puntos para luchar contra la Ley de Expropiación : “Allí donde se ha producido un menoscabo de los derechos de propiedad privada, como en Zimbabwe y Venezuela, ha tenido consecuencias económicas catastróficas. Por lo tanto, debemos utilizar todas las opciones a nuestra disposición en nuestra resistencia contra esta ley destructiva”, dijo el portavoz de AfriForum, Van Zyl.

El 24 de enero, el gobierno del ANC también propuso un fondo secreto de 100 mil millones de rands ( 5.361 millones de dólares ) o “ Fondo de Transformación ” para “reparación económica y crecimiento inclusivo” tras las cuotas racistas de la llamada Ley de Empoderamiento Económico Negro de Base Amplia (B-BBEE), que obliga al gobierno a “aumentar la participación económica efectiva de las empresas de propiedad y gestión de negros, incluidas las pequeñas, medianas y microempresas y las cooperativas, y mejorar su acceso al apoyo financiero y no financiero”.

Las B-BBEE son esencialmente cuotas raciales para todas las empresas y propietarios sudafricanos que sirven como un gigantesco programa de enriquecimiento personal para funcionarios corruptos del CNA.

El presidente Cyril Ramaphosa fue un activista sindical durante toda su carrera y está acusado de haber ordenado la masacre policial de 34 mineros en huelga en las minas de Marikana en 2012. Actualmente es una de las personas más ricas de África, con un patrimonio neto estimado de 450 millones de dólares.

En la actualidad, Sudáfrica cuenta con más de 141 leyes raciales, de las cuales al menos 116 entraron en vigor después de la llegada de la “democracia” al país en 1994. AfriForum ha publicado un informe detallado sobre la legislación racista en Sudáfrica, disponible aquí .

El gobierno también ha aprobado la llamada ley BELA (Enmienda a la Ley de Educación Básica), que otorga al gobierno el derecho a regular las escuelas en lengua afrikáans. AfriForum ha calificado el proyecto de ley BELA de “intento de limpieza étnica cultural por parte del gobierno del Congreso Nacional Africano”, ya que su aplicación “permitirá la destrucción de las escuelas de una comunidad lingüística y cultural, poniendo así en peligro la existencia cultural del grupo”.

En Sudáfrica, las escuelas, los monumentos y las instituciones afrikáans están siendo objeto de constantes ataques. Los topónimos ingleses y afrikáneres ya han sido prácticamente eliminados y el afrikáans ha sido prohibido como lengua en las universidades. Las organizaciones de derechos civiles Solidarity, AfriForum y el Solidarity Support Centre for Schools (SCS) han iniciado acciones legales contra la Ley BELA .