Mark Nayler. – A finales del año pasado, la revista The Economist declaró que la economía española era la mejor del mundo. Los indicadores clave pronostican un 2024 fuerte: se espera una expansión del PIB del 3 %, lo que superaría cómodamente a la UE, EE. UU. y el Reino Unido (aunque los datos del último trimestre de 2024 aún no se han publicado); el desempleo, siempre un problema en España, ha bajado a su nivel más bajo desde 2007; y una reducción del 3 % de la deuda pública.

La ministra de Hacienda española, María Jesús Montero, atribuyó la clasificación al éxito de las políticas del gobierno socialista de Pedro Sánchez, afirmando: «Estamos creciendo, creando empleo, ampliando derechos y reduciendo nuestro déficit público». Según Montero, el rendimiento del PIB de España en 2024 se debió directamente a las medidas adoptadas por el gobierno del país.

Pero la afirmación de Montero simplifica en exceso la conexión entre las políticas gubernamentales y el crecimiento económico. Más allá de algunas áreas en las que el gobierno puede merecer cierto crédito (e incluso entonces, la situación no es tan sencilla como sugiere la ministra de Finanzas), parece que la expansión de 2024 se produjo a pesar del liderazgo de Sánchez.

El mayor problema de la afirmación de Montero es que, desde que volvió al cargo tras las elecciones generales de 2023, Sánchez a menudo ha tenido dificultades para aprobar leyes. Debido a la situación de minoría de la coalición en el Parlamento (los socialistas y su socio, la alianza de izquierdas Sumar, ocupan 152 de los 350 escaños del Parlamento y se apoyan en un febril acuerdo de confianza y suministro con los separatistas catalanes y vascos), Sánchez no pudo conseguir la aprobación del presupuesto de 2024. Se enfrenta a un problema similar a la hora de aprobar un plan fiscal para 2025. La falta de una nueva política fiscal también significa que el gobierno no puede afirmar haber tenido mucha influencia en el mercado de valores español el año pasado, uno de los cinco criterios utilizados por The Economist para calificar las economías del mundo.

Como sugieren las dificultades de Sánchez para aprobar un presupuesto, la expansión del PIB (otro de los criterios de The Economist) no indica por sí sola una intervención gubernamental beneficiosa en una economía. En 2016, España estuvo diez meses sin un gobierno en funciones, después de que unas elecciones generales a finales de 2015 desembocaran en un prolongado punto muerto; sin embargo, la economía española creció un 3,2 %, la misma tasa que el año anterior y la más alta desde la crisis financiera mundial. Lo mismo ocurrió en Bélgica entre 2010 y 2011, durante el récord de 541 días sin gobierno del país: un estudio de 2019 descubrió que el bloqueo político no tuvo un impacto negativo en el PIB de Bélgica. Está claro que si un país registra una fuerte expansión económica, su gobierno no siempre puede atribuirse el mérito.

Quizás resulte sorprendente que Montero no mencionara los intentos de su gobierno por combatir la inflación, otro factor en las calificaciones de The Economist. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022, Sánchez introdujo una serie de medidas para minimizar el efecto del aumento del costo de vida, como un tope a los precios de la electricidad y una reducción del IVA en algunos alimentos. Financió estas medidas en parte con un controvertido impuesto «único» a los bancos españoles, criticado en su momento por el gobernador del Banco de España por centrarse en los ingresos en lugar de en los beneficios. A pesar de que medidas similares han sido desastrosas en otros países en los que se han probado recientemente (Italia y Canadá, por ejemplo), Sánchez quiere prorrogar este impuesto sobre los beneficios extraordinarios durante otros tres años.

Uno de los principales contribuyentes a la expansión de España el año pasado fue el turismo, que representa alrededor del 13 % del PIB del país. En los primeros once meses de 2024, un récord de 88,5 millones de visitantes viajaron a España, dos millones más que en todo 2023, gastando casi 120 000 millones de euros (122 000 millones de dólares). Pero la no interferencia gubernamental, en lugar de una política astuta, parece ser la clave en este sentido. La única nueva legislación que afecta al turismo introducida por Sánchez el año pasado, la llamada ley del Gran Hermano, que exige a los viajeros proporcionar mucha más información personal que antes al reservar alojamiento o vehículos, probablemente tendrá un impacto negativo en la industria, si es que lo tiene. La prohibición de apartamentos vacacionales en Barcelona, introducida por el alcalde de izquierdas de la ciudad para calmar las preocupaciones de los residentes sobre el exceso de turismo, también está ahora en vigor; los expertos del sector advierten de que podría reducir la actividad turística en un 40 %.

El turismo está estrechamente relacionado con el empleo, otro criterio utilizado por The Economist en sus clasificaciones mundiales. Aquí, también, España registró cifras impresionantes para 2024: en diciembre pasado, la tasa de desempleo estaba en su nivel más bajo desde 2007, aunque el trabajo estacional siempre aumenta las estadísticas de ese mes (al igual que ocurre durante el verano). El año pasado también se crearon algo más de 500 000 nuevos puestos de trabajo, una cifra que, por sí sola, no indica necesariamente una mejora de la prosperidad o la estabilidad. Mariano Rajoy, el predecesor conservador de Sánchez, cumplió en gran medida su promesa de crear medio millón de nuevos puestos de trabajo cada año; la mayoría de ellos, sin embargo, consistían en contratos temporales casi sin valor, algunos de solo un día de trabajo. Casi 450 000 de los nuevos puestos del año pasado se encontraban en el sector terciario, por lo que un alto porcentaje de ellos habrán sido estacionales.

Los contratos de trabajo con una vida útil efímera han sido durante mucho tiempo el azote del mercado laboral español, pero el gobierno actual al menos ha intentado abordar este problema. Las reformas realizadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han reducido el número de empleados con contratos temporales del 25 % a alrededor del 16 %, la cifra más baja de la historia. Sin embargo, un estudio del Banco de España muestra que la rotación en los llamados puestos permanentes se ha más que duplicado, lo que solo ha supuesto un «ligero aumento» de la estabilidad del mercado laboral. España sigue teniendo las tasas de desempleo de adultos y jóvenes más altas de la UE, con un 11,2 % y un 25,8 %, respectivamente.

Aunque no es un factor en las clasificaciones de The Economist, el gasto público y la inversión también deben tenerse en cuenta al analizar el crecimiento económico de España el año pasado. Los enormes presupuestos de 2022 y 2023, reforzados por miles de millones del plan de la UE «Next Generation» para la pospandemia, fueron presentados por Sánchez como la solución a todos los problemas del país; pero nadie fuera del gobierno español parece saber a dónde va el dinero.

En febrero de 2023, Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario de la UE, viajó a Madrid porque estaba «muy preocupada» por la opacidad que rodea al uso que España hace de los desembolsos de la UE: «El gobierno español no nos dice dónde están los fondos de recuperación», dijo. En un informe publicado el verano pasado, el Tribunal de Cuentas Europeo identificó a España como el país del bloque que gasta de forma más ineficaz los fondos de la UE, y pidió la devolución de los desembolsos mal utilizados o no gastados. Bruselas también está investigando la posibilidad de que se haya hecho un mal uso del dinero de la UE en relación con el escándalo de las mascarillas Koldo.

La posible corrupción gubernamental no es la única razón por la que Bruselas vigila a España. El quinto factor evaluado por The Economist es el déficit presupuestario, un área en la que el gobierno de Sánchez ha fracasado repetidamente en alcanzar los objetivos de la UE (aunque se espera que lo haya hecho el año pasado, de ahí la clasificación de España como número uno). El pasado mes de octubre, el Consejo Fiscal Europeo dictaminó que la Comisión de la UE debería haber impuesto sanciones a España por tener un déficit del 3,6 % en 2023.

En muchos aspectos, España es un país diferente al que salió, devastado, de la recesión de 2008-2012. Pero es difícil no sospechar que el crecimiento del PIB del año pasado también se habría producido si los conservadores —o, como ha ocurrido antes, nadie— hubieran estado al mando.