El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de actuar como un “delincuente común” al “borrar las pruebas que le incriminan” y ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que “no manosee” en este caso y se “dedique a lo suyo”.

Así se ha pronunciado después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya indicado que los mensajes de WhatsApp del teléfono móvil del fiscal general del Estado se borraron “hasta dos veces” el pasado 16 de octubre, mismo día que el Tribunal Supremo (TS) le abrió causa.

En una entrevista radiofónica que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que el comportamiento del fiscal general es “incompatible” con el sistema democrático y ha recalcado que lo que debería haber hecho, una vez que se ha conocido que está siendo investigado, es “dimitir”.

“Y si no dimite lo que debe hacer el Gobierno es cesarlo”, ha proclamado.

Feijóo ha señalado que con su borrado de mensajes García Ortiz ha tenido el “comportamiento de un delincuente común”, algo que, a su entender, es “insólito en cualquier democracia occidental” y “no tiene antecedentes en la democracia española”.

PETICIÓN AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Al ser preguntado si cree que puede descarrillar esta instrucción si el Tribunal Constitucional acepta que la entrada en el despacho del fiscal general para registrarlo fue improcedente, Feijóo ha avisado que sería “insólito” que el TC “volviese a dejar sin efecto” una sentencia del Supremo como, según ha dicho, ha ocurrido con el caso de los ERE de Andalucía.

“En fin, espero que se mantenga la cordura y que el Tribunal Supremo siga actuando con absoluta independencia y el Tribunal Constitucional se dedique a lo suyo”, ha indicado, para recalcar que él no quiere pensar que esa “hipótesis” pueda “cristalizar”.

“Por lo tanto, yo espero y deseo que el Tribunal Constitucional deje de manosear las sentencias del Tribunal Supremo y tengamos la garantía de un Estado de Derecho plena en España.

Porque si no, entramos en una situación que ya empezamos a vivir de un Tribunal Constitucional que actúa como un tribunal de última instancia, cosa que no es su función en ningún caso”, ha avisado