El novio de Ayuso Alberto González Amador, presentará una querella de 100.000 euros contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntas injurias y calumnias. La decisión se produce después de que Sánchez no asistiera al acto de conciliación programado este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid.

El acto judicial estaba previsto para las 12:30 horas y tenía como objetivo buscar un acuerdo antes de acudir a la vía penal. Sin embargo, como suele ser habitual en este tipo de procesos, el presidente no envió representación legal. Por su parte, González Amador estuvo representado por su abogado.

El decreto del juzgado especificaba que, si la conciliación no tenía éxito, González Amador podría presentar una querella. Fuentes de Europa Press han confirmado que así lo hará y que el caso será elevado al Tribunal Supremo, la instancia competente por tratarse del jefe del Ejecutivo.

González Amador considera que Sánchez vulneró su derecho al honor cuando, el pasado 17 de octubre, en una declaración pública, se refirió a él como un “delincuente confeso”. Estas palabras del presidente se produjeron tras conocerse que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estaba siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos en relación con el empresario.

En su demanda de conciliación, González Amador reclamaba una indemnización de 100.000 euros, alegando que las declaraciones de Sánchez suponían una “infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales”.

Querella contra Montero

Este no es el único proceso judicial que enfrenta el empresario. También presentó una demanda contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor. En este caso, el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite la demanda, que se centra en unas declaraciones de Montero en la que pidió explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo “que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública” y que “se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia”.

Las declaraciones de la ministra fueron realizadas en marzo y octubre de 2024, después de que la Fiscalía denunciara a González Amador por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros. Su defensa reconoció los hechos para alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público, en un caso en el que también se investiga el uso de facturas falsas.