El Gobierno central considera la situación una estrategia para implementar recortes en la comunidad.

Emiliano García Page | Foto cortesía de flickr.com con licencia Creative Commons

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, utiliza a los funcionarios públicos de la comunidad como escudo humano en sus juegos de partido. Este jueves pedía al Gobierno la aprobación del techo de gasto amenazando que de no hacerlo esto supondría despedir a 2.500 trabajadores de la comunidad autónoma.

Concretamente durante su intervención en Toledo en la inauguración del Centro de Emprendimiento, Orientación, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) de Castilla-La Mancha, Page ha lamentado refiriéndose a la Junta de Comunidades: “Nos van a recortar -el Gobierno- 100 millones, lo que significa tener que despedir a 2.500 trabajadores públicos”.

EN CASTILLA – LA MANCHA “SE UTILIZAN A LOS EMPEADOS PÚBLICOS COMO REHENES”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, censura “que se utilice a los empleados públicos como rehenes”. Así el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, subraya que “no vamos a consentir que se nos coloque otra vez en el punto de mira y como prescindibles mientras se privatizan servicios y se conceden subvenciones millonarias”, le recuerda al gobierno regional, reiterando que la amenaza de despedir a 2.500 empleados públicos por parte de Page “está totalmente injustificada”, refieren en un comunicado remitido el 13 de febrero.

EL INFORME DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA QUE RECOMIENDA EL DESPIDO DE 2500 EMPLEADOS PÚBLICOS

Fuentes del ejecutivo del PSOE regional constatan que esto no es un calentón del momento, ni un patinazo en el discurso, sino que sobre la mesa de Page pesa un informe detallado elaborado por la Consejería de Hacienda donde se identifican los recortes que asumirá la comunidad, y donde los 2.500 funcionarios no serán el único sacrificio que están dispuestos a hacer de no recibir la financiación que demandan por parte del Gobierno central.

EN LA MONCLOA LA ESTRATÉGIA POLÍTICA DE PAGE NO SE SOSTIENE

El Gobierno central, quienes públicamente no quieren mover el avispero, si han deslizado la falta de razonamiento en las declaraciones del presidente regional. Cabe recordar que el Gobierno cerró el año 2024 sin tener encarrilados los presupuestos para 2025, con lo que se prorrogan los de 2023 por segunda vez, después de que la situación política tampoco permitiera sacar adelante unas cuentas para 2024. Por lo tanto, se preguntan cómo la comunidad si pudo pagar los salarios de los trabajadores en 2024, sin embargo, es complejo entender qué le impide hacerlo en 2025. Una explicación que aún no tiene respuesta.

Cabe recordar que el último Consejo de ministros del año pasado, el 23 de diciembre, aprobó un decreto ley con medidas de carácter tributario que incluía la extensión de los presupuestos de 2023, aunque la propia Constitución ya prevé la prórroga automática de las cuentas el primer día del ejercicio hasta la aprobación de unas nuevas. Así, cargos medios del Gobierno consultados, consideran un teatro la situación y una excusa para justificar recortes en la comunidad sin que le pase factura al regidor autonómico.